Transparencia

Los mercados deben conocer la remuneración de los miembros del consejo de administración de la empresa. Tal y como establece el reciente Informe Aldama al reiterar a las sociedades "la conveniencia de la publicación detallada y con el mayor desglose posible de la remuneración que recibe el consejo de administración de manera individualizada". La moderación es la regla que debe presidir las decisiones que se adopten en materia de retribución y la información debe ser detallada y personalizada, ya que la máxima transparencia junto a la información sobre la estructura y funcionamiento del consejo de administración son síntomas inequívocos del buen gobierno y contribuyen a aumentar considerablemente la confianza social de la empresa.

Algunas empresas españolas ya han sido pioneras en esta dirección. El Banco Santander Central Hispano publica en la memoria de este año la remuneración individualizada de todos los consejeros y ejecutivos, las derivadas de la representación del banco, los compromisos por pensiones, las stock options y los créditos concedidos a consejeros, todo un ejercicio de transparencia.

Un estudio reciente promovido por la London Business School muestra que la rentabilidad de las grandes empresas parece estar relacionada con las percepciones sociales respecto de su comportamiento cívico. Las marcas valen mucho, y para ello se hace necesario concebir la buena reputación como una nueva herramienta de gestión empresarial. El buen gobierno y la transparencia corporativa son herramientas de gestión que deben ser asimiladas por todos ya que afecta a todos en general: empresas privadas y públicas, trabajadores y Administraciones públicas.

Esta reflexión es también exigible para la Junta, sus empresas y entes públicos que además de administrar sus competencias con rigor y eficacia deben de controlar más el gasto público y recuperar la "moralidad pública", es decir, la imagen que percibimos del Consejo de Gobierno y de la propia Junta. Esta imagen es fruto de la relación existente entre la utilidad que el contribuyente percibe del gasto y la desutilidad que le proporciona pagar impuestos. Los ciudadanos tienen que ver que se obtienen más ventajas que desventajas de la gestión autonómica si no queremos hacer de la autonomía una costosa pantomima.

Esta "moralidad pública" no se prestigia provocando el linchamiento público de Cajasur, como ya ocurriera antes con La General, San Fernando o El Monte, recurriendo a una información obtenida ilegalmente y denunciando ahora presuntas irregularidades que, paradójicamente, no se noticiaron en otros tiempos llenos de reconocimiento institucional hacia la entidad que ahora se persigue.

Quizás, el problema de Cajasur haya sido enfrentarse al sometimiento regimental de un poder socialista que ha decidido regir las cajas de ahorros como si administrara agrupaciones del partido, aunque para ello tengamos que asistir a la intolerable arbitrariedad de una Administración que no solo no custodia la información financiera de que dispone, como es su deber, sino que la maneja a su antojo y albedrío, como empeñada en demostrar que su poder no acepta límites ni siquiera de la ley.

El episodio de Cajasur es una entrega más del culebrón de las cajas donde la racionalidad económica no tiene ninguna relevancia frente al poder socialista, ni preocupa el desprestigio añadido de Andalucía y sus instituciones o el coste económico que estén sufriendo las cajas. El tema ha ido discurriendo más por el camino del disparate que por el debate sobre los rasgos que hacen a nuestras cajas más o menos competitivas y eficientes: el margen de intermediación, los beneficios por empleado, la captación de recursos ajenos por oficina, la cuota de mercado o la participación de depósitos captados con respecto a otras cajas o a la banca.

Si la transparencia es un condicionante necesario para una buena gestión en las empresas privadas, a pesar de existir el mercado, lo es mucho más en el sector público andaluz que no tiene el mercado como juez para su eficacia. Un sector público caro y ramplón cuya opacidad e incumplimiento reiterado de los principios contables públicos es manifiesta, del que no hay forma de averiguar el sueldo de sus altos cargos o el de los presidentes de esas empresas públicas participadas mayoritaria o minoritariamente. Los más de 1.023 millones de euros materializados como pagos a empresas y entes públicos y unos resultados sin subvenciones superiores a los 640 millones de pérdidas en el año 2001, justifican sobradamente la necesidad de cambiar y predicar con el ejemplo para tener la autoridad moral de exigir transparencia a unas empresas, las cajas, que necesitan del buen gobierno y la buena reputación corporativa para ganar rentabilidad y la confianza de un pueblo que lo merece todo.

Salvador Fuentes es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.