La Abogacía del Estado recurre una lista de disidentes de IU

La Abogacía del Estado ha impugnado la candidatura independiente Iruñako Ezkerrak (Izquierdas de Iruña), formada por disidentes de Izquierda Unida y que se presenta en el municipio alavés de Iruña de Oca, con el argumento de que uno de los miembros de la lista tiene relación con Batasuna. Los integrantes de la candidatura, encabezada por un funcionario de prisiones, rechazaron la acusación y ayer presentaron sus alegaciones.

Muchos de los miembros de la lista formaron parte de la candidatura electoral que Izquierda Unida presentó en este municipio de 2.000 habitantes en los comicios municipales de 1999. El número uno de la plataforma, Pepe Moulias, mostró su indignación por la actitud de la Abogacía del Estado, que no especifica en su recurso quién de sus miembros guarda alguna vinculación o en su pasado estuvo relacionado con Batasuna. "Tal vez alguien pudo pertenecer a Batasuna en algún momento de su vida, pero eso es historia. Seguro que en alguna lista del PP y PSE también hay personas que tuvieron relación con Herri Batasuna hace 20 o 25 años", dijo.

"Peculiares condiciones"

Moulias explicó que las "peculiares condiciones" que se dan en Iruña de Oca, ayuntamiento gobernado por el PNV, hizo que conformara una lista independiente con sus compañeros, pese a que él sigue formando parte del Consejo Político de IU en Euskadi y no se considera un crítico. La decisión no ha sido bien aceptada dentro de IU, que ha presentado una candidatura con sus siglas en el pueblo.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado también han solicitado al Supremo que anule otras candidaturas independientes que no están vinculadas con Batasuna. Es el caso de la Agrupación Electoral Batzarramendi, en la localidad de Ergoiena (Navarra), formada por personas afines a Eusko Alkartasuna.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que si alguna de las plataformas recurridas por la Abogacía del Estado o la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo no incurre en los supuestos de ilegalización previstos por la Ley de Partidos Políticos podrá presentarse a las elecciones del 25-M, subsanándose así el error que se hubiera podido cometer durante las impugnaciones.