La Generalitat aprueba un aumento de sueldo de 24.000 euros para ciertos funcionarios contra el criterio sindical

La Consejería de Administración Pública anunció ayer un acuerdo para establecer dos nuevos complementos específicos de 24.104 y 27.462 euros (más de cuatro y cinco millones pesetas) "para retribuir la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad" del trabajo que desempeñan ciertos funcionarios. El acuerdo fue sometido a una mesa sectorial de Función Pública a la que no asistieron los representantes de UGT, CC OO y STAPV, quienes consideran ilegal la convocatoria debido a todo una serie de incumplimientos previos.

Fuentes sindicales apuntan que los nuevos complementos van dirigidos a un reducido grupo de funcionarios, esencialmente interventores, quienes perdieron un complemento salarial algo inferior a raíz de un recurso ante los tribunales presentado por UGT.

Un portavoz oficial admite que los interventores podrían, efectivamente, ser destinatarios del elevado complemento salarial. Y aprovechó para cargar contra los tres sindicatos que dejaron de participar en una reunión de la mesa sectorial que reclaman hace meses. Según la misma fuente, la presencia de representantes de dos sindicatos minoritarios otorga validez a todos los acuerdos adoptados.

Pero la posibilidad de una elevada subida de sueldo para ciertos funcionarios entraña un segundo problema, según Gonzalo Fernández, de UGT. La modificación prevista en el decreto correspondiente atribuye expresamente al Consell la facultad para autorizar las subidas de sueldo. Según Fernández, de acuerdo con la ley de gobierno valenciano, no corresponde al Consell establecer el sueldo de los funcionarios y, desde luego, no corresponde a un decreto modificar una ley.

Los responsables de Administración Pública también sometieron a la mesa sectorial una actualización de la relación de puestos de trabajo de la Generalitat que modifica las características de ciertos puestos. En un caso entre otros tantos, apuntan fuentes sindicales, una plaza de jefe de servicio que ocupaba un funcionario en comisión de servicios y cuya titularidad exigía la convocatoria de un concurso, se ha modificado para que se pueda ocupar definitivamente a través del procedimiento de libre designación, un sistema de provisión que relaja mucho los méritos que debe presentar el aspirante al puesto.