"Aún tenemos poca capacidad en impuestos"

El secretario de economía del PSC, Antoni Castells (Barcelona, 1950), es, desde su cátedra de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, uno de los mayores expertos de España de las finanzas públicas. Resume en dos grandes objetivos el modelo de financiación de Cataluña: máxima autonomía tributaria y máxima igualdad. "Dentro de una comunidad política es justo que si los ciudadanos hacen el mismo esfuerzo fiscal, tengan la posibilidad de recibir un nivel de servicios similar", afirma Castells.

Pregunta. Después del acuerdo de 2001, parece que la financiación de Cataluña es un tema aún por resolver. ¿Cuáles son los principales problemas?

Respuesta. En estos 23 años se ha avanzado mucho en el proceso de descentralización. Sin embargo, el sistema de financiación sigue mostrando deficiencias importantes. Existe un problema de cuantía, aún tenemos poca capacidad de decisión sobre nuestros impuestos y persisten desigualdades demasiado grandes entre comunidades.

"El déficit de infraestructuras está estrangulando la economía catalana"

"Aún tenemos poca capacidad de decisión sobre nuestros impuestos"

P. Existe capacidad normativa en determinados impuestos y, sin embargo, muy pocas comunidades lo aprovechan.

R. Las comunidades autónomas han ido utilizando su capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, como los de transmisiones y sucesiones, y cada vez más en las deducciones sobre el IRPF. Es cierto que no se han decidido a modificar los tipos del IRPF, porque subirlos tiene un coste político, y reducirlos, un coste financiero. Pero hay que darle tiempo al tiempo; a la larga, si las comunidades autónomas disfrutan de autonomía real, acabarán ejerciéndola.

P. Hablaba de un problema de cuantía. CiU basó hace unos años su discurso en reducir el déficit fiscal en 400.000 millones de pesetas, ahora 2.400 millones de euros, aunque finalmente optó por participar en una cesta de impuestos.

R. Lo que no vale es mezclarlo todo: una cosa es el déficit fiscal, que es excesivo; otra cosa, la propuesta de pacto fiscal que formuló CiU, y otra, el acuerdo de financiación del año 2001. Antes de las elecciones de 1999, CiU hablaba del pacto fiscal y de aumentar la financiación en 400.000 millones de pesetas. Después, en el acuerdo de 2001 obtuvo, según sus propias estimaciones, una mejora de 40.000 millones (es decir, la décima parte) y pretendió presentarlo como un gran éxito, como un acuerdo definitivo que no habría que volver a revisar en muchos años. Aún no han transcurrido dos y ya nos dicen que aquel acuerdo no vale y reclaman el concierto económico. Francamente, todo ello me parece muy poco creíble e irresponsable, porque se crean unas expectativas irrealizables que sólo pueden llevar a la frustración. Aunque quizá se trata de eso: de explotar primero las expectativas y después la frustración.

P. Pero ustedes también reclaman una equiparación con el régimen foral.

R. Lo que nosotros decimos es que la existencia del sistema foral tiene que ser compatible con un principio de igualdad en los resultados. Una cosa es que el sistema sea distinto y otra que, con las mismas competencias y realizando el mismo esfuerzo fiscal, las comunidades forales tengan entre el 60% y el 80% más de ingresos por habitante que el resto, una diferencia difícilmente justificable.

P. ¿Cómo se hacen compatible ambos modelos?

R. Incorporando las comunidades forales al sistema de transferencias de nivelación. Aunque es evidente que esto no se puede realizar de un día por otro, sino gradualmente, a lo largo de un periodo de tiempo dilatado, por ejemplo 20 años.

P ¿Y no es eso una manera de cerrar el modelo?

R. Es hacerlo estable, que es lo contrario de cerrarlo. Un modelo estable es un modelo con unas líneas claras que no hay que andar reinventando cada cinco años. Pero también con unos mecanismos muy bien diseñados de seguimiento y actualización. Por eso es preocupante que el acuerdo de 2001 haya eliminado la revisión quinquenal.

P. ¿Cuál es el modelo de financiación del PSC?

R. Tenemos países en los que fijarnos, como Canadá y Alemania. Un buen sistema nos debe permitir disfrutar de la máxima autonomía sobre nuestros impuestos, aceptando al mismo tiempo el principio de igualdad entre comunidades al que antes me he referido. Ello se concreta en cinco puntos. Primero, responsabilidad fiscal sobre nuestros propios impuestos. La Generalitat ha de tener una amplia responsabilidad normativa y unos porcentajes superiores a los actuales en los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña. Segundo, la Generalitat tiene que ser responsable de la administración de los impuestos recaudados en Cataluña, mediante una agencia tributaria autónoma que, para ser eficaz, debe estar coordinada a través de fórmulas consorciadas con la administración tributaria del resto del Estado. Tercero, para hacer efectivo el principio de igualdad, la financiación tiene que responder a un principio básico: las distintas comunidades han de contribuir según su capacidad fiscal (teniendo en cuenta, mientras persistan los actuales déficit de infraestructuras, lo que aquí ya pagamos en concepto de precios y peajes) y recibir recursos según sus necesidades, básicamente mesuradas por la población, aunque en algunos casos, como la sanidad, hay que tener en cuenta otros factores. Un cuarto punto, es la aproximación gradual entre los ingresos por habitante de la Generalitat y de las comunidades forales. Por último, es indispensable alcanzar un acuerdo con el Estado para destinar a Cataluña un porcentaje determinado del total de la inversión del Estado, porque el déficit de infraestructuras que padecemos se ha convertido en un verdadero factor de estrangulamiento para nuestra economía.

P. ¿Qué porcentaje?

R. Debería tender a ser el que representa el PIB catalán sobre el español (19%) y como mínimo el de población (16%).

P. ¿El PSOE está de acuerdo con la propuesta del PSC?

R. El PSC siempre ha tenido una posición propia, pero muy influyente en el socialismo español.

P. ¿Qué no le gusta del modelo de CiU?

R. No quisiera descalificar ninguna propuesta sin haberla estudiado a fondo, y porque además creo que en esta materia es importante el consenso. Pero ¿cuál es la credibilidad de la propuesta de CiU si hace dos años aceptó un acuerdo que rebajaba a la décima parte el pacto fiscal y ahora nos hablan del concierto? CiU ha pasado del entreguismo a la fuga adelante. El problema del acuerdo de 2001 es que CiU lo negoció en una posición de debilidad extrema, porque dependía de los votos del PP en el Parlament para seguir gobernando. Nosotros propusimos un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas de Cataluña y presentarnos unidos a negociar con el Gobierno central. Cataluña tiene una gran fuerza cuando se presenta unida y a veces no acabamos de ser conscientes de ello. Creo que existen suficientes puntos de coincidencia para alcanzar este acuerdo conjunto.