Medio Ambiente cierra una orujera de Torreperogil por contaminante

La Consejería de Medio Ambiente ha ordenado el cierre cautelar de la cooperativa Orujera Ubetense, del municipio de Torreperogil (Jaén), por superar los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera. La medida, acordada tras una revisión ordinaria llevada a cabo por la empresa pública Egmasa, se va a mantener hasta tanto se apliquen por parte de la industria las medidas correctoras pertinentes.

El cierre ha dejado en la calle a los 30 empleados fijos discontinuos de la orujera, que ayer se concentraron en la capital jiennense coincidiendo con la manifestación del 1º de Mayo arropados por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde hace más de dos años, los vecinos de Torreperogil, un municipio de unos 8.000 habitantes, vienen reclamando a través de movilizaciones el traslado de la orujera, que ahora se encuentra a poco más de un kilómetro del casco urbano.

La Plataforma por la Calidad de Vida de Torreperogil, que integra a todos las asociaciones de vecinos, los grupos políticos PSOE, PP e IU, los sindicatos UGT y CC OO y otros colectivos sociales, llegó a recoger más de 5.000 firmas de protesta por la contaminación ambiental de la localidad, que achacaban en buena parte a los humos desprendidos por las chimeneas de la orujera.

Francisco Checa, secretario de la asociación contra el cáncer creada en la localidad, señaló que han aparecido una decena de casos al año entre menores de 40 años, aunque las autoridades sanitarias no reconocen su relación con la contaminación ambiental.

Nicolás Garrido, uno de los trabajadores afectados por el cierre de la orujera, denunció ayer las formas seguidas por la cooperativa para despedir a los empleados, "sin ningún tipo de comunicación". A su juicio, se deben buscar las medidas "que hagan compatible el derecho a la vida sana y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

En este sentido, los responsables de la orujera habían alcanzado ya un acuerdo con el Ayuntamiento de Torreperogil para su traslado a otro lugar alejado de la población. Para ello, el Ayuntamiento recalificó unos terrenos y declaró de interés social el proyecto, mientras que la Junta de Andalucía se comprometió a otorgar ayudas para el traslado. Sin embargo, la industria orujera plantea ahora, como alternativa al traslado, reducir en un 50% su actividad extractora de orujo, con lo que disminuirían los humos de sus chimeneas, mientras que la otra mitad de su producción se trasladaría hasta Puente del Obispo, en Baeza.

Tanto el Ayuntamiento como la Plataforma ciudadana rechazan esa propuesta y temen que eso suponga la progresiva desaparición de la industria y de los puestos de trabajo.

La CGT informó ayer de que ha pedido una entrevista urgente con responsables de la Delegación de Medio Ambiente y la propia cooperativa orujera para que se les informe sobre el alcance de la contaminación y las medidas correctoras. "La viabilidad del funcionamiento de la empresa debe ser compatible con el respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de todos los ciudadanos del entorno de la empresa", manifestó Jacinto Ceacero, portavoz de la CGT.

La orujera había intentado reanudar su actividad una vez limpiadas sus chimeneas, pero Medio Ambiente le ha denegado el permiso por ser insuficientes las medidas correctoras.