El alcalde termina su largo mandato y se niega a devolver los 103.000 euros

El gobierno municipal, del PP, no consiguió eludir ayer, en el último pleno ordinario de la legislatura, la tensión que ha marcado el fin del mandato de José María Álvarez del Manzano, tras cuestionar la gestión del PP varias resoluciones judiciales: el Tribunal de Cuentas reclama al regidor 103.000 euros gastados con cargo a una cuenta restringida y el Tribunal Superior ha anulado parte del plan general de urbanismo. Pero el PP se resiste a cumplir las sentencias. "Hay varios recursos posibles. Se puede pedir el amparo del Constitucional", dijo el edil de Hacienda, Pedro Bujidos, respecto a la del Tribunal de Cuentas.

La actuación del alcalde con respecto a la resolución del Tribunal de Cuentas fue el último de los debates previstos en el orden del día. Pero unas declaraciones de Álvarez del Manzano, realizadas antes de iniciarse el pleno, anticiparon que la Corporación se despediría con una sesión borrascosa: "Hay quien ha creído que la política es arrastrarse por el barro permanentemente y hacer que los demás se arrastren", afirmó el alcalde respecto a la última de las resoluciones judiciales que afectan a su gobierno (la citación del edil de Urbanismo, Ignacio del Rio, para declarar como imputado en la causa abierta por supuestas irregularidades en la recalificación de unos terrenos en Aldea del Fresno).

"Ni mi concejal (por Del Río) ni ninguno de los que hemos sido sometidos a este procedimiento tenemos responsabilidad alguna y, a Dios gracias, las cosas se pondrán en claro", enfatizó el regidor, tras hacer un pequeño balance de su actuación. "Soy el segundo alcalde de mayor duración de la historia de la Villa y el único que ha ganado tres mayorías absolutas. A lo largo de este tiempo he intentado trabajar mucho y hacer una gestión absolutamente transparente y honrada, aunque algunos no lo quieran creer", afirmó en relación a la proposición presentada por el grupo municipal socialista solicitando que Álvarez del Manzano deposite los 103.776 euros que, según el Tribunal de Cuentas, debe devolver. Esa cantidad corresponde a gastos tales como donaciones a particulares y viajes de la esposa del regidor, que no se tenían que haber sufragado con fondos públicos. La edil socialista Ruth Porta pidió al regidor que devuelva también 67.567 euros que el tribunal considera que el alcalde no debe devolver porque fueron gastados cinco años antes de que el PSOE formalizara su denuncia, el año 2000. Es decir, que la denuncia sobre estos gastos ya ha prescrito. "Enfréntese a su propia conciencia y deje ese asiento con dignidad", espetó Porta a Álvarez del Manzano.

Por parte del PP le replicó Bujidos, edil de Hacienda y ex consejero del Tribunal de Cuentas: "Detrás de esto hay un contenido electoral. No hay nada que reintegrar porque el alcalde goza del principio de presunción de inocencia. Nos encontramos ante una sentencia unipersonal de un consejero", afirmó. "Ahora", continuó Bujidos, "hay un recurso ante la sala y opción a otros recursos antes de pedir el amparo del Constitucional. La sentencia de la que usted habla, señora Porta, no es firme y no la admito en su fundamento. Tiene una serie de defectos y tendrá que ser revocada. No tengo la culpa de que el interventor municipal en ningún momento dijera [al alcalde] que tenía que justificar los gastos de otra manera".

"No hay reglamento ni ley que ampare que se paguen los viajes de la mujer del alcalde o de los hijos con cargo a esta Corporación", contestó Porta. Bujidos hizo ademán de replicar, pero el alcalde le dio instrucciones tajantes desde la presidencia: "No entres en eso; no entres en eso", se oyó que decía a media voz a su portavoz. Tras los turnos de palabras, Álvarez del Manzano cerró el debate: "Justamente por principios, es por lo que sigo recurriendo. Me he comportado con la absoluta creencia de que actuaba con honestidad. Ni un sólo gasto ha sido particular. En nombre de la dignidad de la alcaldía, y en el mío propio, voy a seguir recurriendo porque me parece que las injusticias hay que repararlas", concluyó el alcalde en medio de los aplausos de sus 28 concejales y parte de los asistentes en la tribuna de invitados.

El otro protagonista de la jornada fue el titular de Urbanismo, Ignacio del Río. Matilde Fernández (PSOE) y Justo Calcerrada (IU) pidieron al edil que retirara un decreto aprobado sólo con los votos del PP para la "subsanación" de errores en la recalificación de varias zonas, que, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son terrenos de especial protección y, por tanto, no edificables. El PP aprobó también el plan de sectorialización de uno de esos ámbitos: Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas. Esto, según la socialista Matilde Fernández, puede suponer que los propietarios de los suelos afectados adquieran derechos, lo que "daría lugar más adelante, cuando el recurso del Ayuntamiento sea rechazado, a indemnizaciones que saldrán de los bolsillos de los concejales". Pero el secretario general del Ayuntamiento replicó: "Es legal y por votar esto no se contrae más responsabilidad que la de concejal".

"No sólo voy a traer Valdebebas. Hay comisión de gobierno hasta el 11 de junio y voy a traer uno a uno los desarrollos del Este", anunció del Río. Fernández le replicó con una cita de Rousseau, patriarca del Estado moderno: 'Entre el débil y el fuerte es la libertad la que oprime y es la ley la que libera'. Su maldito liberalismo siempre perjudica a los más débiles económicamente", sentenció Fernández.