El Gobierno impone un arbitraje para acabar ya con la huelga de autobuses

El Gobierno ha tenido que recurrir finalmente a la imposición de un arbitraje obligatorio para acabar con la huelga de autobuses privados de Vizcaya, que hoy cumple 44 días. Si no hay más contratiempos, el próximo lunes los autobuses estarán de nuevo en la calle y todo volverá a la normalidad. Las posturas "inamovibles e inflexibles" de patronal y sindicatos, en palabras del consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, ha obligado al Ejecutivo a adoptar una decisión que había intentado evitar y de la que existen pocos precedentes. "Es la solución a la que nadie quiere llegar, el último cartucho, pero el daño que está produciendo la huelga entre los usuarios y la imposibilidad del acuerdo entre las partes no ha dejado más opción", agregó Azkarraga tras la habitual reunión de los martes del Consejo de Gobierno.

El consejero recordó que unas 100.000 personas se están viendo afectadas de manera directa o indirecta por el conflicto. Tras comunicar su resolución a sindicatos y patronal, el Ejecutivo designó como árbitro a Iñaki Eguskiza Otaola, quien forma parte del grupo de mediadores del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) y hace funciones de árbitro en elecciones sindicales. Según Azkarraga, tiene un "perfil inmejorable" para esta difícil tarea.

Eguskiza se reunió anoche con los sindicatos y esta mañana lo hará con la patronal para conocer sus posiciones. Dispone entonces de cinco días naturales para emitir su fallo. El arbitraje garantiza el fin del conflicto, ya que la decisión del árbitro es de obligado cumplimiento, pero no asegura ni el futuro ni la estabilidad en el sector, lo que sí hubiera garantizado una solución acordada.

"El acuerdo dialogado es imposible", se lamentó Azkarraga, quien recordó "los esfuerzos" realizados por su departamento, que medió para que sindicatos y patronal se sentaran a negociar cuatro veces.'Hemos intentado el acuerdo hasta el final', recalcó Azkarraga, cuyo departamento había rechazado desde el comienzo del paro los llamamientos para que adoptase esa medida. La decisión del Ejecutivo satisfizo a la patronal, que desde el principio de la huelga ha exigido el arbitraje como única manera de resolver el conflicto ante la existencia de posiciones diametralmente opuestas entre ambas partes. 'Es positiva para desatascar el conflicto. Si pasan más semanas, habría sido la muerte del sector', valoró su portavoz, Jesús Orbea. Pese a ello, expresó su 'prudencia', a la espera de la forma en que el árbitro resuelve el largo paro. Los sindicatos manifestaron la opinión contraria, en la línea de su total oposición a un laudo obligatorio desde que la huelga se inició el 18 de marzo. Pedro Angulo, portavoz de UGT y participante de la mesa negociadora, calificó la decisión de 'atropello a la clase trabajadora' y dijo que el arbitraje en este conflicto 'es demencial'. 'No lo entiendo. Después de 43 días estaba claro quién era la parte que no quería negociar', agregó. Angulo reprochó la actitud de la consejería de Empleo, dado que 'no se puede jugar con los trabajadores, más bien con los esclavos de este sector, aunque sea el mejor arbitraje del mundo. No es serio'. El responsable del transporte vizcaíno de ELA y también miembro de la mesa de negociación, Aitor Lizarraga, tachó la medida de 'tomadura de pelo'. 'Lo único que queríamos era negociar el convenio y un arbitraje no va a terminar de cerrar el conflicto en el sector', dijo. Lizarraga anunció que su sindicato luchará 'con todos los recursos' que pueda en contra del arbitraje obligatorio. 'Cerrar las heridas de esa manera, cuando todavía están sangrando, va a ser un mal negocio, una mala salida y una mala entrada de los trabajadores en las empresas', concluyó.