La Comisión de la Energía rechaza la OPA presentada por Gas Natural sobre Iberdrola

El intento de Gas Natural por hacerse con el control de Iberdrola se estrelló ayer contra la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Tras varios días de deliberaciones, el organismo regulador rechazó la OPA presentada por Gas Natural sobre Iberdrola, en una votación en la que seis de los miembros del consejo votaron contra la operación y tres a favor. La decisión de la CNE se dará a conocer hoy, después de que se formalice en una resolución administrativa que es vinculante en lo que respecta a esta OPA. No obstante, la resolución podrá ser recurrida ante el Ministerio de Economía.

Pese a que la operación está pendiente de la valoración del Tribunal de Defensa de la Competencia y del examen del Ministerio de Economía, el rechazo de la CNE escenifica las reticencias que ha planteado la operación, desde que se lanzó el pasado marzo contra el parecer del segundo accionista de Gas Natural, Repsol y del sector eléctrico en bloque.

De los nueve miembros que forman el consejo de la CNE, cuatro, designados a instancias del Gobierno del PP, se mantuvieron en contra de la OPA desde los primeros compases. Frente a estos cuatro, otros tres consejeros, -dos nombrados a petición de CiU, en la etapa de los pactos de legislatura que siguieron a las elecciones de 2000 y uno nombrado a petición del PSOE- se mostraron favorables, también desde el inicio.

Finalmente, el organismo se decantó contra la OPA cuando votaron en contra el propio presidente de la CNE, Pedro Meroño, y su vicepresidente, Fernando Martí. Formalmente, las deliberaciones de la CNE seguirán hoy, pero fuentes próximas al organismo dieron por definitiva la decisión, que adoptará la fórmula jurídica de resolución administrativa, contra la que cabe recurso.

Los consejeros contrarios a la OPA argumentan que la operación podría perjudicar a las actividades reguladas de la empresa resultante, ses decir la distribición de gas y de electricidad a tarifa, con un total de 13 millones de consumidores. Por su parte, los consejeros favorables sostienen que la oferta garantiza las inversiones en este segmento de actividad regulada.

Informe de Competencia

Las reticencias del árbitro del sector energético español no es el único obstáculo que debe superar la operación. El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), adscrito al Ministerio de Economía, ha elevado al Tribunal de Defensa de la Competencia un informe en el que expresa a lo largo de un centenar de páginas diversas "dudas" y "preocupaciones" sobre la posición de fortaleza que crearía la integración de Iberdrola y Gas Natural en los distintos mercados.

Las principales cautelas que plantea este organismo, según fuentes del sector, se refieren a los posibles efectos "horizontales" en los mercados del gas y de electricidad y también al impacto "anticompetitivo" en el que derivaría la operación.

Por lo que respecta a los efectos horizontales, la valoración inicial de Competencia plantea su preocupación por el hecho de que el grupo que resultaría de la fusión sumaría a la potencia ya instalada de Iberdrola los 800 Mw actuales de Gas Natural, y también la inquietud por la suma de los contratos de aprovisionamiento de gas de Gas Natural a los de Iberdrola, que aportaría 5,5 Bcm de capacidad.

La posición mayoritaria que el nuevo grupo mantendría en Enagás, la compañía titular de la mayor parte de las infraestructuras básicas de gas de España, ocupa otras de las preocupaciones del SDC. Su informe revela igualmente dudas a cerca del efecto anticompetitivo que supondría la posible ventaja del grupo resultante de la fusión planteada por Gas Natural, liderada por su primer accionista, La Caixa, y lanzada contra el parecer de su segundo accionista, Repsol.

Esta ventaja se critica en la medida en la que el nuevo grupo ganaría una importante fortaleza comercial al poder realizar una oferta multiproducto de gas y electricidad a los consumidores, además del solapamiento de las áreas de sus redes de gas y de electricidad.

Pese a estas reticencias del SDC, que se limitan a describir la suma de fuerzas de ambas compañías, la valoración final corresponderá al Tribunal. En esta valoración, Gas Natural confía desde el lanzamiento de la OPA en el papel esencial que jugará el plan de desinversiones que ha diseñado, por un importe global de 5.000 millones de euros.