Una juez investiga el intento de favorecer a la nuera del subdelegado del Gobierno en Castellón en una oposición

Aprobar a la nuera del subdelegado del Gobierno en Castellón habría sido el objeto de varios intentos de presión sobre un tribunal de oposiciones para profesores de secundaria en la especialidad de informática por parte de hasta tres funcionarios de Educación, según una denuncia que investiga una juez.

La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón está investigando las presuntas irregularidades cometidas en un proceso de selección de profesores de Informática para Enseñanza Secundaria Obligatoria. Durante la mañana de ayer, el director del Instituto de Educación Secundaria El Caminàs de la capital de La Plana, Carmelo García, hubo de comparecer ante la juez para ratificarse en la denuncia que incluyó en la documentación que remitió al juzgado el pasado mes de marzo. Según el auto, la juez lo llamó para ratificarse y para hacerle "ofrecimiento de acciones", en unas diligencias previas abiertas una vez entregados los documentos. De momento, no está tipificado el presunto delito que podría investigarse en el caso de que la juez así lo considere. En cualquier caso, el propio García describe los hechos como los del "intento de tres funcionarios de influir sobre un tribunal de oposición para aprobar a una persona en concreto". Esa persona, tal como señala el escrito remitido al juez, es Victoria Porcar, nuera del subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral.

Gómez realiza en su documentación un repaso por las cuatro últimas convocatorias para el "procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo docente de profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Informática", que se celebraron en el instituto que dirige. Así, sostiene que en 1999 el entonces subdirector territorial de Educación, Guillem Peris, le pidió al presidente del tribunal "que apruebe a la opositora Victoria Porcar". En 2000, el inspector Rogelio Santamaría, según el mismo escrito que está en manos de la juez, llamó al presidente del tribunal "interesándose por la opositora, argumentando que esa gestión la realizaba en nombre de un superior jerárquico suyo". En 2001, sigue el relato, tras una poco habitual selección de los miembros del tribunal, el presidente del tribunal reconoció al propio Gómez haber recibido presiones del propio director territorial de Educación, Francisco Baila, para "aprobar a la opositora", mientras que en 2002, según denuncia el mismo director del IES Caminàs, los miembros del tribunal finalmente seleccionados difieren de los que en un principio se eligieron por sorteo.

Durante la celebración de una de estas oposiciones, Carmelo García ya fue protagonista de una polémica después de anunciar que no abriría el instituto a los examinantes y examinadores debido a la falta de personal. Sin embargo, las oposiciones se celebraron y García se encontró con un expediente. Actualmente, el director del instituto Caminàs ha presentado su dimisión y está a la espera de que Educación le comunique su cese.