Rechazo a un posible recorte de derechos políticos en las cajas

La posibilidad de que el Gobierno decida limitar a un 3% los derechos políticos de las cajas de ahorros en empresas y bancos, que fuentes del PP y del propio Ejecutivo aseguraron ayer desconocer o directamente no proyectar, fue encajada ayer con sorpresa y desagrado por entidades financieras, oposición y sindicatos. La eventualidad cayó como una bomba en Cataluña, ya que la Caixa, propietaria del mayor grupo industrial español, sería la principal afectada.

El jefe de Gobierno catalán, Artur Mas, avanzó que se opondría "política y judicialmente" a esa hipotética medida, calificada de "expropiación si los derechos adquiridos se pagan" y de "expolio si no se pagan" por fuentes de su Gobierno, mientras los socialistas hablaron de "hecho de extrema gravedad". La CECA subrayó que las cajas "actúan en competencia y se guían por criterios empresariales".

Los supuestos planes de José María Aznar, desvelados por La Vanguardia, fueron ayer desactivados por personas de su entorno. El vicepresidente Rodrigo Rato dijo que las medidas sobre cajas están ya contenidas en la Ley Financiera, y que no plantea limitaciones. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, dijo "no conocer" tal medida y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte aseguró que no hay ningún proyecto a la vista.