El Supremo advierte al Parlamento Vasco de que tiene que cumplir la sentencia sobre Batasuna

El Tribunal Supremo notificó ayer el auto de ejecución que ordena la disolución de Batasuna y en el que recuerda, de manera terminante, que la sentencia de ilegalización "debe ser cumplida por todas las personas e instituciones". Por ello, prosigue el Supremo, la ejecución se extiende a la disolución de los grupos parlamentarios constituido por Batasuna en los parlamentos vasco y navarro y también los grupos que posea dentro de las Juntas Generales de los territorios históricos y corporaciones locales. El fiscal general del Estado anunció que emprenderá acciones si la Cámara vasca se niega a disolver.

El auto de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna está plagado de alusiones al cumplimiento efectivo del fallo que ordena la disolución de los grupos parlamentarios de la coalición abertzale radical.

De momento, la disolución se refiere sólo a Batasuna, a la espera de que el Supremo reciba la confirmación del Parlamento vasco de que Sozialista Abertzaleak está integrado por los mismos parlamentarios que la antigua Batasuna, a fin de tener constancia oficial en autos y poder considerar su cualidad de herederos.

Pero todo apunta a que el Supremo demandará posteriormente la disolución de Socialista Abertzaleak, algo a lo que se opone el Parlamento de Vitoria. Para ir allanado el camino, el auto de ejecución dictado ayer recuerda la doctrina constitucional que asegura que "en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas, como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial".

El Supremo añade que el Constitucional, "también con suma reiteración" ha mantenido que el mandato de que la tutela judicial sea efectiva "alcanza, sin duda de ninguna clase, a la necesidad de que sea finalmente llevado a efecto lo judicialmente resuelto".

El Supremo ordena dirigir comunicación a los presidentes de los Parlamentos vasco y navarro, "para sí y para que a través de la Consejería correspondiente, lo efectúen a su vez a los presidentes de las entidades locales, a fin de que procedan a la disolución de los grupos parlamentarios, forales y municipales que figuren bajo la denominación de Batasuna".

El auto señala que "el funcionamiento ordinario o extraordinario de los partidos políticos ilegalizados o disueltos ha de cesar radicalmente", y para ello, confirma lo anticipado en una nota del Tribunal Supremo acerca de la cancelación de las inscripciones de los partidos ilegalizados en el Registro del Ministerio del Interior, la cancelación de la página web de Batasuna en Internet por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el embargo de bienes y derechos, subvenciones, etcétera, del partido ilegalizado.

En su resolución, el Supremo pide a la Agencia Tributaria que le remita un listado de seis funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, entre los que la Sala procederá a designar los tres liquidadores del patrimonio de Batasuna.

Exhorto a Garzón

También acuerda enviar un exhorto al juzgado de Baltasar Garzón para que éste remita al Supremo la relación de bienes y derechos intervenidos o embargados a Batasuna en los procedimientos que se siguen en su juzgado de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, estudiará emprender acciones contra el Parlamento vasco si éste se niega a disolver, en su momento, al grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (el anterior Batasuna), aunque no quiso precisar de qué tipo serían porque "no hay precedentes" similares, informa Efe.

Cardenal señaló que ante todo habría que ponderar los motivos en los que se fundamentaría la negativa del Parlamento vasco para disolver al grupo, porque "sobre esas razones la Fiscalía estaría ya en condiciones de estudiarla y darle una respuesta adecuada".

Aseguró además que la Fiscalía General del Estado sería competente para emprender acciones contra el Parlamento vasco en el caso de que se negara a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, porque la Sala del Tribunal Supremo que ha ordenado la ilegalización de Batasuna daría traslado de una eventual negativa a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado al ser las partes que han instado la ilegalización.