Aprobada la financiación del transporte público con un tercio menos de lo previsto

El Consejo de Ministros aprobó ayer su aportación al convenio de infraestructuras para financiar las construcciones de transporte público en el área metropolitana de Barcelona. Las cantidades que aportará el Gobierno central en el periodo 2003-2005 suman 120 millones de euros. Esto compromete a que el Gobierno catalán realice una aportación de 240 millones de euros en ese mismo periodo. No obstante, esta última aportación será mayor, ya que el Ejecutivo que preside Jordi Pujol computa a tales efectos los préstamos que se pidan para realizar obras en este periodo. La cantidad con la que contribuirá al transporte público el Gobierno catalán será, pues, de 513 millones de euros en tres años. La suma de las cifras de las dos administraciones es la que el plan de infraestructuras (PDI) preveía invertir en un solo año. Es decir, la inversión total suma en tres años sólo un tercio de lo acordado. Las aportaciones del Gobierno central serán de 26,9 millones para este año, 48 millones para el que viene y 45 millones en el año 2005.

Las infraestructuras del transporte son financiadas conjuntamente por el Gobierno central, que aporta un tercio de la inversión necesaria, y por el catalán, que debe poner los otros dos tercios. Los ayuntamientos colaboran en la financiación de los gastos de funcionamiento a través del contrato programa, también pendiente de acuerdo con la Administración central del Estado.

El PDI prevé inversiones superiores a los 6.000 millones de euros en el periodo 2001-2010 para poder construir la línea 9 y ampliar y prolongar otras líneas de metro. Esto supone una media de unos 600 millones anuales, que no ha sido alcanzada de momento y que tampoco lo será hasta el año 2005. "Éste no es el último convenio que se firma para la financiación del plan", explicó ayer un portavoz del Ejecutivo catalán que sugirió que en próximo años las aportaciones del Gobierno central serán mayores.

Lo cierto es que las inversiones en transporte público en la región metropolitana de Barcelona no podrán hacerse con la velocidad prevista y quedarán supeditadas a la voluntad del Gobierno que haya en 2005. Hace unos días, el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, previendo que la aportación del Gobierno central estaría por debajo de lo previsto, pidió que el catalán hiciese como el de la Comunidad de Madrid y realizara una aportación acorde con lo pactado en el PDI. El Ejecutivo catalán ha elevado su aportación, pero la ha dejado muy lejos de lo acordado.