Coves atribuye al acuerdo entre administraciones y científicos la solución del vertido de Boliden
El PP reclama sanciones y acciones judiciales contra la propietaria de la mina
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, afirmó ayer, quinto aniversario del vertido de las minas de Boliden, que el acuerdo entre las administraciones y los científicos, permitió solucionar el desastre producido por la riada de lodos tóxicos. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, manifestó que le hubiera gustado que los miembros del Gobierno andaluz "se hubieran hecho las fotos en los juzgados exigiendo responsabilidades a Boliden Apirsa". Ecologistas en Acción ha pedido a la Fiscalía que reabra la investigación penal.
Coves, que inauguró ayer un tramo de 130 kilómetros del Corredor Verde del Guadiamar, que será transitable a caballo, a pie o en bicicleta, indicó la dificultad que supuso para solventar el desastre ecológico que no hubiese un "referente o un modelo a seguir" de recuperación ambiental para un vertido de las características del causado por Boliden. Resaltó como la "mejor lección" el acuerdo entre las administraciones.
La consejera, que señaló que es "muy difícil" que se produzca un nuevo incidente porque la balsa está prácticamente vacía, consideró que los científicos y expertos que han analizado la labor realizada en el Corredor Verde del Guadiamar reconocen el "extraordinario" trabajo efectuado, si bien recomiendan una labor de seguimiento de las tareas.
Consecuencias
Como consecuencia de la rotura de la balsa de la empresa Boliden Apirsa en Aznalcóllar, en la que se vertieron unos seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas, las minas paralizaron su actividad, produciéndose una regulación de empleo que afectó a unos 500 trabajadores. Tras el cierre de las instalaciones, hace dos años, 109 trabajadores fueron al paro. De ellos, el 95% ha sido actualmente recolocado.
Los trabajos de restauración medioambiental y de eliminación de la contaminación, que afectó a más de 4.600 hectáreas, han beneficiado a nueve municipios de Sevilla (Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar La Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor y Puebla del Río).
En relación a las quejas planteadas por Los Verdes por la futura implantación de una explotación minera en la localidad sevillana de Gerena, Coves indicó que es "difícil" compararla con la de Aznalcóllar porque los residuos que la nueva mina va a dejar son sólidos y se evitará la acumulación de restos en una balsa.
Petición ecologista
Tras la petición de Ecologistas en Acción a la Fiscalía de Sevilla para que reabra la investigación penal por el vertido con objeto de que Boliden pague los daños ocasionados, Coves precisó que, aunque "alaba" la decisión, entiende que la reapertura de la causa penal se debe hacer cuando se ha producido alguna novedad sobre el sumario. "Nosotros no tenemos constancia de ello", precisó.
En este sentido, el secretario general del PP dijo que ha echado de menos en estos cinco años "sanciones" de la Junta de Andalucía a Boliden, la empresa propietaria de la mina que vertió residuos tóxicos, para que se "depuraran" las responsabilidades del siniestro, tal y como se ha exigido, según dijo, por parte de otras administraciones.
Sanz recordó que su grupo ha pedido en muchas ocasiones en el Parlamento que el Gobierno dé a conocer el mapa de las balsas existentes en Andalucía y del estado en el que se encuentran porque la "principal función" de una administración es la de "prevenir" la posibilidad de nuevas catástrofes. Sanz dijo que, pese a la "insistente demanda" por parte del PP, el mapa ha sido "reiteradamente negado" por parte del Gobierno andaluz porque desde este partido existe una "grave preocupación en que se pueda volver a producir un desastre como el de Aznalcóllar".
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