El Supremo rechaza el recurso de la Diputación de Valencia sobre la Plaza de Toros

El Tribunal Supremo (TS), ha rechazado el recurso de casación presentado por la Diputación de Valencia a la sentencia -que el alto tribunal ratifica- del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obligó a la Corporación a indemnizar con casi un millón de euros a los integrantes de la empresa taurina Martauro y anuló el acuerdo plenario de noviembre de 1997 por el que se aprobó la adjudicación de la Plaza de Toros de Valencia a Roberto Espinosa. Los grupos de la oposición se apresuraron a pedir responsabilidades -que centran en el diputado responsable de la Plaza de Toros, Miguel Tatay, del PP-, mientras éste anunció que la Diputación estudia recurrir al Tribunal Constitucional.

La decisión del TS de desestimar el recurso de la Diputación cierra un largo proceso que comenzó cuando la Corporación concedió la explotación del coso taurino a una persona física -el citado Roberto Espinosa-, que aspiraba también a la adjudicación del concurso a través de la empresa Tauro Castellón, algo que vulnera la normativa legal. La sentencia obliga a la Diputación a reintegrar a Martauro los 157 millones de pesetas que esta empresa depositó en su momento en concepto de aval.

El portavoz socialista en la Diputación, José Enrique Aguar, consideró ayer que la sentencia demuestra lo que ha sido una constante en la actuación del PP, que, según dijo, "siempre ha actuado teniendo en cuenta los intereses particulares de familiares y amigos". Por su parte, el diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto, recuerda que su formación advirtió desde el principio que la adjudicación de la Plaza de Toros fue irregular y ayer reclamó responsabilidades políticas, que centró en Miguel Tatay. "Es imperativo que alguien asuma las consecuencias de esta actuación que agrava aún más la crisis económica en que [los populares] han sumido a la Diputación, y ese alguien debe ser Tatay", dijo.

Tatay justificó la posibilidad de recurrir al Constitucional porque, al no admitir el recurso de la Diputación, el Supremo, que no entra en el fondo de la cuestión, "impide la defensa de los derechos de la Corporación en este asunto".