El Gobierno quiere poner en alquiler 5.000 viviendas vacías

El Gobierno pagará a partir de ahora parte del alquiler de viviendas desocupadas con el objetivo de sacar al mercado 5.000 pisos. La medida, ya en vigor, quiere acabar con la tradicional desconfianza de los propietarios a alquilar pisos por posibles daños o impago de los inquilinos. El Departamento de Vivienda intervendrá en el contrato entre dueño e inquilino, puesto que primero alquilará el piso y luego lo arrendará al futuro residente. El consejero Javier Madrazo aseguró ayer que este sistema es "más potente" que otras experiencias realizadas hasta ahora sin éxito.

La última encuesta de la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales cifra en cerca de 72.000 las viviendas sin uso o con una utilización esporádica de segunda residencia. De ellas, 27.000 han permanecido deshabitadas durante los dos últimos años y sobre esta bolsa pretende actuar el Ejecutivo.

Madrazo explicó que su política de oferta de vivienda se basa en la construcción de más pisos protegidos, que ahora suponen el 35% del total edificados cada año, y en la movilización de la vivienda vacía. El denominado programa Bizigune se fundamenta en mantener la renta mensual de un piso según los baremos del mercado: el futuro inquilino paga un precio similar al alquiler de una vivienda social con una cuota máxima del 30% de sus ingresos y la diferencia del total que recibe el propietario es cubierta por el Gobierno. "Hacemos un contrato directo con el propietario y luego subarrendamos al inquilino", explicó el consejero.

El Ejecutivo pretende que, con este método, salgan al mercado de alquiler hasta 2005 cerca de 5.000 viviendas, de las que el 35% tiene una antigüedad superior a los 50 años. El programa también contempla ayudas para reformar estos inmuebles, con una aportación máxima por piso de 18.000 euros, que se irían descontando en las cuotas mensuales que el Gobierno paga al propietario. "Se financian las obras sin aplicar interés", dijo Madrazo. Esta reforma está pensada fundamentalmente para cocinas y baños.

Los requisitos para poder acceder a estos pisos pasan por estar inscritos en Etxebide, el servicio público encargado de proporcionar las viviendas protegidas. Los pisos en alquiler que se pueden beneficiar del programa Bizigune deben tener una serie de requisitos: estar en el mercado libre, con una superficie no superior a los 120 metros cuadrados y que no hayan sido alquilados u ocupados en el último año. La renta mensual máxima para el propietario será de 661 euros. El contrato de alquiler será de cinco años, aunque el inquilino, como en otras viviendas, puede rescindirlo cuando lo interese. "Lo arrendamos a otra persona y ya está", señaló Pablo Aretxabala, director general de la sociedad pública Visesa, encargada de la gestión de este sistema.

10.000 interesados

Javier Madrazo no pudo precisar el coste medio ni el porcentaje de la renta total que supondrá para el Gobierno cada una de estas viviendas en alquiler y únicamente señaló que se destinará una partida total de dos millones de euros, "que es un crédito ampliable". "En cualquier caso", afirmó, "la inversión será inferior a lo que cuesta construir una vivienda nueva". El consejero de Vivienda apuntó que existen ya 10.000 vascos interesados en este sistema de alquiler y "tenemos una lista importante de propietarios de viviendas vacías con interés en el programa". Para ello, el departamento ha habilitado un teléfono gratuito, el 900 251 251, en el que los dueños de pisos vacíos pueden solicitar información.

Madrazo dijo que las experiencias desarrolladas en Euskadi para movilizar la vivienda vacía han fracasado hasta ahora "porque la Administración no ha jugado un papel intenso. Ha hecho de intermediario y no ha sido parte activa en el contrato de alquiler". Opinó que estos sistemas no han generado confianza en los propietarios y, además, no han funcionado porque "los alquileres eran altos". Con el propuesto por su consejería, dijo que se asegura una renta social para el inquilino y otra "a precio de mercado" para el propietario.

El departamento dirigido por IU está analizando con las tres diputaciones la implantación de medidas coercitivas para quienes se nieguen a alquilar viviendas vacías, "pero hemos primado este impulso positivo". Madrazo aseveró que otro objetivo es lograr que la desgravación fiscal por alquiler se limite sólo a esta bolsa de pisos desocupados y no se aplique de manera general como actualmente.