Listas vascas

Las elecciones municipales del próximo 25 de mayo se presentan en el País Vasco con obvios rasgos diferenciadores respecto de las celebradas cuatro años atrás. En ese lapso de tiempo nueve concejales del Partido Popular y del PSOE fueron asesinados por ETA y varios cientos tuvieron que reforzar sus medidas personales de seguridad para proteger su vida y poder ejercer sus funciones públicas. De otro lado, Batasuna, heredera de Euskal Herritarrok, que a su vez sucedió como marca electoral a Herri Batasuna, ha sido ilegalizada por el Tribunal Supremo tras un proceso en el que se ha sentenciado su "complementaridad política" respecto de ETA.

Se trata de hechos de significado muy distinto, pero que marcan el desarrollo del proceso electoral del 25 de mayo en el País Vasco. El PP y el PSOE se enfrentan en estas elecciones al desafío de recuperar el espacio de libertad que ETA ha intentado arrebatarles mediante el asesinato y todo tipo de amenazas y coacciones, y de ejercer sus derechos constitucionales de participación política y de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En estos comicios está en juego la igualdad de oportunidades y la participación electoral no discriminatoria de fuerzas políticas no nacionalistas que en la cita electoral de 1999 obtuvieron 435.000 votos, es decir, el 40% de los votantes.

Por lo que se refiere a la recién ilegalizada Batasuna, está en juego el respeto a la legalidad, de modo que reproducciones electorales suyas no puedan presentar, en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica, candidaturas tuteladas en última instancia por ETA.

La Ley de Partidos prohíbe expresamente la presentación de candidaturas a las agrupaciones de electores que vengan a continuar la actividad de un partido político judicialmente declarado ilegal y disuelto, o suspendido. Corresponderá, pues, a las Juntas Electorales decidir en primer término si la Plataforma por la Autodeterminación (AuB) y las variadas agrupaciones de electores que representan la nueva opción indepentista radical, en las que se integran ex dirigentes de Batasuna, constituyen una continuación de este partido ilegal y rechazar su listas en ese supuesto. Y, en último término, será la Sala Especial del Tribunal Supremo que declaró la ilegalidad de Batasuna quien deberá asumir esa tarea si, como parece, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado no están dispuestas a que estas agrupaciones con nombres y apellidos de ex dirigentes del partido ilegalizado puedan concurrir a los comicios del 25 de mayo. Si fuera así, el trabajo que le espera a esa sala del Supremo es ingente: tendrá que hacer frente a numerosos recursos, tantos como sean las plataformas de electores sospechosas de ser una continuación orgánica de Batasuna, y resolverlos en un corto espacio de tiempo.

Si la estrategia general de intimidación desplegada por ETA contras las fuerzas políticas no nacionalistas en el País Vasco tenía por objetivo hacerlas desistir de concurrir a las elecciones parece evidente que esa estrategia ha fracasado. El PP ha logrado presentar listas electorales en 246 de los 250 municipios vascos y el PSOE lo ha hecho en 193, lo que supone un aumento de 57 y de 47 candidaturas, respectivamente, en relación a los comicios de 1999. No ha hecho falta recurrir a la solución extrema de listas conjuntas, barajadas en los momentos más negros de la ofensiva criminal de ETA contra los concejales y las sedes del PP y PSOE. Ambos partidos han conseguido presentar la mayor oferta de su historia a unas elecciones municipales en el País Vasco, lo que se debe, sin duda, a la movilización y entrega personal de sus militantes y simpatizantes en circunstancias en que el acoso de ETA a los cargos públicos no nacionalistas sigue estando presente.