La mayoría conservadora del Poder Judicial pide al Gobierno cambiar la Ley del Jurado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por 11 votos (los de los 10 vocales propuestos por el PP más el presidente) a nueve el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión del cual pide al Gobierno que modifique la Ley del Jurado, de modo que cuando el Tribunal del Jurado no obtenga un veredicto, el asunto se someta a un tribunal de jueces de carrera. La minoría, integrada por los consejeros propuestos por PSOE, IU, CiU y PP-PSOE, votó en contra del informe, cuyas sugerencias estudiará el ministro de Justicia.

El titular de Justicia, José María Michavila, manifestó ayer, a preguntas de este diario, que estudiará "con interés" las aportaciones formuladas por el CGPJ, aunque aún desconocía el texto de las sugerencias incorporadas por la mayoría conservadora, informa Julio Martínez Lázaro.

No obstante, Michavila subrayó que el texto lleva "30 meses de diálogo y reflexión" y ha sido acordado y cerrado con representantes de los principales colectivos judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, con representantes del PSOE, con las comunidades autónomas -excepto el Gobierno vasco-, así como con los colegios de secretarios judiciales y con todos los sindicatos. Michavila añadió: "Yo sé la ley que queremos hacer y es la que hemos enviado para informe. Si quieren hacer sugerencias, las estudiaremos con interés".

Aunque el anteproyecto remitido por Justicia no plantea la reforma de la Ley del Jurado, el informe aprobado por la mayoría del CGPJ, del que ha sido ponente el vocal conservador José Luis Requero, considera "conveniente aprovechar la reforma" para cambiar aquella ley en aras de evitar "la impunidad" cuando el jurado haya "fracasado". En concreto, propone introducir que en los casos en que tras dos juicios del Tribunal del Jurado no se obtenga un veredicto, en lugar de absolver al acusado, como está previsto ahora, se sometan los hechos a jueces profesionales.

Varios vocales de la minoría argumentaron que es "plenamente coherente con la naturaleza de la institución" la sentencia absolutoria cuando no se obtienen siete votos inculpatorios ni cinco de inocencia -del total de nueve jurados-, ya que "la imposibilidad del veredicto de culpabilidad o no culpabilidad es un veredicto en sí mismo, no un 'fracaso' del jurado, como dice el informe".

La mayoría del CGPJ mantuvo el texto del informe en este punto y prácticamente en todos los demás, excepto algunas modificaciones técnicas.

Supresión del cuarto turno

Así, aunque el anteproyecto tampoco prevé modificar el sistema de acceso a la carrera judicial, el informe sugiere la supresión del cuarto turno (una plaza de cada cuatro para licenciados en Derecho con seis años de ejercicio profesional), con lo que el ingreso en la categoría de juez sólo se produciría por oposición, a pesar de la conveniencia, expuesta por los vocales de la minoría, de incorporar "otros enfoques, experiencias y puntos de vista", además del de "recitar memorísticamente los temas del programa de oposiciones".

Una de las escasas modificaciones del borrador de informe se refiere al tiempo de formación en la Escuela Judicial. El borrador sugería al Gobierno reducir los dos años de formación judicial a 18 meses. La fórmula finalmente aprobada por la mayoría y que, en opinión de la vocal progresista Montserrat Comas, es un "cambio a peor", consiste en sacar de la ley dicho periodo de formación, de modo que sea el CGPJ el que lo decida.El informe aprobado avala la segunda instancia penal y omite toda crítica a la falta de dotación de medios personales para poder llevarla a cabo. Igualmente, mantiene el sistema de votación mayoritario para la elección de las salas de gobierno de los órganos judiciales, que garantiza la hegemonía de la asociación judicial conservadora, en perjuicio del pluralismo, según señala la minoría.

Tampoco prosperó la propuesta de la vocal Ángeles García de que se sancione a los jueces que no cumplan la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada por el Parlamento.