CiU tacha el texto de "inquisitorial" e IU cree que es una "involución"

Los partidos de la oposición, incluidos los tradicionales apoyos del Gobierno en el Congreso, los sindicatos y las asociaciones de juristas y militares censuraron ayer el anteproyecto de Código Militar que ha elaborado el Ministerio de Defensa. El texto fue descalificado por "inquisitorial", "peligroso", propio "de un dictador de república bananera", "totalitario" e incluso de "involución gravísima". Ni siquiera el PP ha defendido el borrador.

Las expresiones más duras contra el documento fueron lanzadas por el portavoz de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, a quien se le pusieron "los pelos de punta" al leer un texto que, dijo, "lo firmaría tranquilamente Galtieri o cualquiera de los dictadores argentinos o de cualquier otra república bananera". Dicho de otro modo, el texto "no se corresponde con ningún tipo de democracia" sino con un intento "de involución gravísima".

No menos suave fue Ramón Companys, portavoz de Defensa de CiU, quien señaló que su formación "nunca" apoyaría un texto que supone "una vuelta a la inquisición y al macarthismo más oscuro". "Es una barbaridad", añadió, "porque el Código debe referirse sólo a temas internos de los militares y dejarnos a los civiles que opinemos en paz". El argumento de persecución del disidente (delito de derrotismo, proscrito en el artículo 49 del borrador) fue esgrimido por Luis Mardones, portavoz de Coalición Canaria y otro de los tradicionales apoyos del PP en la Cámara baja: "Sería un macarthismo puro y regresar a las cavernas dictatoriales", con un documento tan "netamente inconstitucional" que es "para echarse a temblar".

"Mentalidad militarista"

En este frente nacionalista, el BNG ha visto el texto como un paso más "en toda la avalancha de involución democrática que se está dando en el Estado". El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, lo calificó de propio de "la mentalidad nacionalista y militarista" del Gobierno del PP, mientras la portavoz parlamentaria de EA, Begoña Lasagabaster, advirtió de que una merma de "derechos y libertades de los ciudadanos, como los de la libertad de expresión y la de manifestación" es "inadmisible" y supone una "regresión democrática".

El borrador concitó el rechazo de la asociación judicial Francisco de Vitoria, para la que es "inconstitucional aplicar a civiles la jurisdicción militar"; de Jueces para la Democracia, que lo tildó de "auténtico disparate" que debe ir a la papelera; Amnistía Internacional, para la que es preocupante que el Gobierno legisle en ese sentido, y por el presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), José Conde. Éste calificó de "salvajada" el texto, ya que "la situación indefinida de conflicto armado determina inseguridad jurídica y sus limitaciones a la reunión, manifestación y a la libertad de expresión y pensamiento violan los derechos fundamentales".