El Gobierno se desmarca de la reforma del Código Penal Militar que planea Defensa

El Gobierno en bloque se desmarcó ayer del borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar, que amplía por primera vez en democracia las competencias de la justicia castrense y reinstaura el delito de derrotismo. De hecho, los dos vicepresidentes y los ministros consultados aseguraron desconocer la existencia del borrador, hasta el punto de que el titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, negó siquiera haber leído un documento de cuya existencia, dijo, se enteró por la prensa pese a que el texto, de 146 artículos, ha sido elaborado por la subsecretaría de su ministerio.

El Gobierno pareció haber sido sorprendido ayer en fuera de juego por la publicación en EL PAÍS de un borrador de reforma que prevé, entre otros asuntos, penas de cárcel para quienes en situación de "conflicto armado de carácter internacional" (y no sólo en casos de declarada o generalizada la guerra, como dice el Código vigente) realicen actos públicos contra la participación de España en la misma, reforma la obediencia debida y amplía las competencias de los tribunales militares para juzgar delitos comunes cuando pongan en riesgo "los intereses del servicio o de la Administración militar".

La primera reacción del Gobierno se plasmó en un comunicado del Ministerio de Defensa. Lo primero que dice es que se trata "sólo de un borrador de trabajo" y que interpretarlo como un intento "de extender las competencias de la jurisdicción militar o sancionar determinadas conductas nuevas no responde, en absoluto, a la realidad". Pero aunque fuera así, añade, "en la agenda legislativa del ministerio la mencionada modificación del Código Penal Militar no es una prioridad en esta legislatura".

"Tranquilos: no se aprueba"

A este último argumento se agarraron los miembros del Gobierno a los que se interrogó sobre el asunto. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, afirmó que la reforma "no es ninguna prioridad del Gobierno" y, por tanto, "no se va a aprobar ni se va a presentar en esta legislatura". "No hay proyecto; por tanto, no es una decisión que haya tomado el Gobierno. Pueden estar ustedes tranquilos que no se va a producir esa aprobación", dijo.

Menos contundente fue Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía, quien sentenció que ignoraba el texto. Pese a ello, subrayó que los recortes que la política del PP "no va dirigida, en ningún caso, a establecer recortes en el derecho de manifestación en una democracia consolidada". José María Michavila, ministro de Justicia, tampoco tenía ni idea, según dijo, del borrador.

A esta línea de desconocimiento se sumó el titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, quien llegó a decir que se enteró de la existencia del borrador al desayunarse con EL PAÍS. "Ese borrador ni lo conozco, personalmente ni lo he leído. Me he enterado por EL PAÍS", aseguró, aunque no aclaró quién había elaborado el documento. Éste, no obstante, ha sido elaborado por la subsecretaría del Ministerio de Defensa, como es habitual, ya que suelen ser las subsecretarías de los ministerios (o las secretarías técnicas) las que elaboran los anteproyectos de ley que luego los ministerios elevan al Consejo de Ministros.

Trillo aseguró que ni sus "mayores adversarios" pueden pensar que él haya elaborado un documento semejante. "Sería no conocerme a mí". El ministro insistió en que se trata solamente de un documento de trabajo, pese a que el borrador del anteproyecto está elaborado según los cánones propios de una ley lista para dar el siguiente paso: arranca con una exposición de motivos, tiene ocho títulos, en los que se incluyen 146 artículos, y concluye con tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y otra final. "Sencillamente", dijo finalmente, "se han hecho borradores para adaptar el sistema de penas a la reforma de las penas del Código Penal, que aún no ha terminado", lo que supone que en su ministerio se está engrasando la maquinaria para dicha reforma, aunque "no se plantea para esta legislatura".