Listas bajo sospecha

Concluido anteayer el plazo de presentación de las candidaturas para los comicios municipales en toda España, los parlamentos de trece comunidades autónomas (Navarra entre otras) y las Juntas Forales de las tres provincias del País Vasco, la publicación de las listas abre hoy un vertiginoso periodo de cinco días dedicado al subsanamiento de sus eventuales irregularidades. La proclamación oficial el 28 de abril de las candidaturas depuradas no pondrá fin, sin embargo, a esa fase preparatoria del proceso electoral en el País Vasco y Navarra: la ilegalización de Batasuna dictada por la Sala Especial del Supremo el 27 de marzo pasado no sólo prohibe concurrir a las urnas con esa denominación al partido disuelto (o bajo las segundas marcas de Herri Batasuna y de Euskal Herritarrok) sino que también impide presentarse a los comicios a formaciones, coaliciones y asociaciones de electores creadas en fraude de ley con el objetivo de servirle de pantalla o de disfraz.

No se trata de una posibilidad abstracta. Los promotores de AuB (las siglas en euskera de Plataforma por la Autodeterminación) afirman haber conseguido las firmas necesarias (bastaban 32.000, pero han superado las 80.000) para presentar candidaturas propias al Parlamento navarro y a las Juntas Forales vascas; otras asociaciones de electores impulsadas de forma abierta o disimulada por antiguos dirigentes de Batasuna concurrirán igualmente a las urnas en diversos ayuntamientos vascos y navarros. Ante el riesgo de que la urgencia de los recursos electorales pudiera favorecer las confusiones procesales buscadas intencionadamente por los promotores de las listas engañosas, la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP) atribuyó a la Sala Especial del Supremo la competencia para resolver en última instancia las impugnaciones de la abogacía del Estado o del ministerio fiscal contra las candidaturas fraudulentas destinadas a enmascarar a un partido ilegalizado.

Abstracción hecha de las trabas sufridas por algunos partidos de la izquierda radical o con denominación republicana en las elecciones de junio de 1977, la sentencia del Supremo que impide a Batasuna presentarse a los comicios bajo cualquier cobertura plantea una situación legal, constitucional y política inédita. Por lo pronto, la defensa letrada de las listas impugnadas utilizará probablemente el trámite de la prueba sobre las presuntas relaciones de homología entre esas candidaturas y Batasuna como vía de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esa interdicción judicial de alcance extensivo -prolongada indefinidamente en el tiempo- de las listas emparentadas con el partido disuelto podría ser interpretada como una conculcación del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes; según ese argumento dialéctico, una aplicación demasiado rigurosa de la LOPP por la Sala Especial del Supremo privaría de voz a los segmentos de población que se identifican con la ideología del nacionalismo radical sin justificar la violencia terrorista.

Las principales consecuencias de la anulación por el Supremo de las candidaturas de AuB y de otras agrupaciones de electores en el País Vasco y Navarra recaerían sobre el mundo nacionalista. En las elecciones municipales de 1999, Batasuna logró -al rebufo de la tregua de ETA y del Pacto de Lizarra- 228.000 votos, 679 concejales y 44 alcaldes en el País Vasco, así como 44.000 votos, 211 concejales y 19 alcaldes en Navarra. Sin infravalorar el peso del legado de Sabino Arana compartido en mayor o menor medida por todos los nacionalistas (el manifiesto del PNV para el Aberri Eguna definió al pueblo vasco como "único monumento vivo del neolítico" y trabucó una cita bíblica para justificar la lucha armada), otro motivo de la peligrosa deriva hacia el soberanismo independista de las formaciones que respaldan al Gobierno de Vitoria es su propósito de captar los votos de Batasuna dejados en orfandad electoral. Pero los dirigentes del nacionalismo radical ya han acusado agresivamente al PNV de comportarse como un ave de rapiña y preparan como solución alternativa -si el Supremo impidiese la concurrencia a las urnas de AuB y de las agrupaciones de electores- la consigna del voto nulo.