Valencia aplicará los juicios rápidos al mismo tiempo que el resto de España
Justicia realiza un simulacro de los juicios rápidos que comenzarán la semana próxima
El Ministerio de Justicia y la consejería realizaron ayer un simulacro de juicios rápidos que se prolongará hasta que la próxima semana entre en vigor la nueva ley, como en el resto de España, a pesar de haber anunciado en reiteradas ocasiones que Valencia sería "pionera". Políticos, jueces, fiscales y la cúpula de la Policía Nacional y Guardia Civil escenificaron la salida virtual de un modelo de justicia rápida que aún no se puede aplicar. Los casos que desde ayer se tramiten como juicio rápido lo hacen al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1992.
Fue el propio juez decano de Valencia, Fernando de Rosa, quien al ofrecer el balance de los juzgados a lo largo de 2002 dijo que se habían celebrado más de 200 juicios rápidos según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) desde 1992, y que no se tramitaron más por falta de recursos materiales y humanos. Los juicios rápidos que recoge la LECr desde 1992 tienen carácter opcional, no son de obligado cumplimiento y nacieron con el objetivo de agilizar la actividad judicial para evitar posibles acumulaciones de causas ante la celebración de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Precisamente el aumento en juzgados, efectivos humanos y recursos materiales a ambas capitales ha sido criticado por De Rosa y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, por entender que discriminaba a Valencia en su capacidad de aplicación.
Pero ése fue el modelo base que el pasado año desembocó en la llamada Ley de Juicios Rápidos. Ante la adecuación que exigía en los operativos policiales y judiciales para garantizar su eficacia, se fijó una moratoria que acaba el próximo 28 de abril. Los juicios rápidos pretenden agilizar la aplicación de la justicia en las faltas, delitos comunes y malos tratos esencialmente. Fijan un plazo mínimo de resolución de dos días para las faltas y de siete para los delitos. Han obligado a multiplicar las guardias (en un 3,5 en el caso de los fiscales) hasta el punto que Valencia tiene desde ayer ya un segundo juzgado funcionando 24 horas. el tercero previsto entrará en funcionamiento la próxima semana, cuando efectivamente y en toda España entre en vigor la Ley de Juicios Rápidos. Cuando así sea, un juzgado de guardia resolverá las incidencias normales de una guardia, otro preparará los asuntos que serán vistos por juicio rápido y el tercero enjuiciará las faltas. Pero ayer, a pesar de que en la Ciudad de la Justicia se celebró un pleno de autoridades políticas (entre ellas el consejero de Justicia, Carlos González Cepeda, y el director general de Justicia, Eloy Velasco), judiciales (Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ, Fernando de Rosa, juez decano de Valencia, y representantes de la Fiscalía) y policiales (Alejandro Valle, jefe superior de Policía), los juicios rápidos según la nueva ley no serán una realidad hasta la próxima semana y los tres asuntos que entraron serán vistos por juicio inmediato al amparo de la norma del 92.
"La piel del oso antes de matarlo"
"La precipitación y la desesperación del PP le llevan a vender la piel del oso antes de cazarlo", afirmó ayer el secretario de Administraciones Públicas del PSPV, Antoni Such, sobre la ceremonia celebrada en la Ciudad de la Justicia para anunciar la entrada en vigor de un modelo de justicia rápida que está en marcha desde 1992.
Antoni Such, además, ante la entrada de la nueva Ley de Juicios Rápidos la semana que viene, dijo que "es un insulto a la inteligencia que se anuncien a bombo y platillo los juicios rápidos cuando es evidente la falta de medios que padece la justicia valenciana". Para el representante socialista "el PP, en su afán por tener una nueva excusa para hacer más propaganda inútil, se ha empeñado en lanzarse al vacío con este tema a sabiendas de que las insuficiencias materiales y de recursos humanos impiden llevar adelante con garantías los juicios rápidos en la Comunidad Valenciana".
Por contra, el consejero de Justicia, Carlos González Cepeda, insistió ayer en que "todas las medidas adoptadas son verificables, por lo que sólo quien busque el fracaso o la polémica premeditada con motivo de este nuevo sistema puede seguir hablando de falta de medios o de ausencia de garantías procesales". El responsable autonómico de Justicia agregó: "Nadie puede negar el clamor que existe en la sociedad para agilizar la justicia, la respuesta eficaz que el Ministerio ha dado y el esfuerzo que la Generalitat ha hecho para garantizarlos".
A pesar de los medios señalados por Cepeda, ayer, el segundo juzgado de guardia que empezó a funcionar en Valencia consistió en unas dependencias adicionales en el juzgado de Instrucción número 14, al que le tocaba la guardia, sin más recursos.
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