Sólo 11 de los 30 municipios de Córdoba tendrán voz en Cajasur

Iniciado el proceso de renovación de órganos de Cajasur de acuerdo con los estatutos aprobados por el Ministerio de Economía, la lista que la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo ha realizado con los ayuntamientos que ocuparán la Asamblea General recolectó ayer críticas de todos los ámbitos. Mientras que la Iglesia refuerza su papel en la caja, los estatutos aprobados por Economía sacan fuera de la asamblea al 64% de los ayuntamientos cordobeses que tenían sitio en el cónclave. Sólo 11 de las 30 corporaciones de la provincia mantienen su representación.

En la nueva asamblea de la Caja aparece representado el Ayuntamiento de Madrid y los de Málaga, Sevilla, Jaén, Linares y Martos, mantienen a sus consejeros. En Córdoba, además de la capital que conserva sus cuatro vocales, los diez representantes restantes se los reparten los consistorios de Lucena, Cabra, Priego de Córdoba, Puente Genil, Montilla, Palma del Río, Castro del Río, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

Aunque la confección de la lista responde al volumen de negocio de las sucursales de cada municipio, el alcalde de Baena, uno de los grandes pueblos cordobeses que pierden su presencia, no estaba muy de acuerdo con el criterio. Con 19.725 habitantes, Baena duplica en este aspecto (habitantes) a tres de los diez municipios que conservan representación. El alcalde de esta localidad, el socialista Luis Moreno, señaló que la designación "no responde ni a los intereses provinciales ni ciudadanos, sino a los de Castillejo y el PP".

Moreno agregó que la salida de Baena es una decisión "injusta, inmerecida y torpe", un "castigo a los que no hemos actuado como monaguillos", en referencia a su actitud en todo el conflito suscitado entre la Junta de Andalucía y la entidad de ahorro cordobesa. Morelo advirtió: "Cajasur necesita más a Baena que Baena a Cajasur, que puede ser sustituida por diez cajas de ahorro". "Cualquier otra caja da lo mismo o más que Cajasur", dijo el alcalde de Baena. "Las medidas que tomemos serán en beneficio de los ciudadanos de Baena", concluyó.

Menos contundente se mostraron el alcalde de Montoro, Antonio Sánchez, y Francisco Pulido Martínez, teniente de alcalde de La Carlota y representante en Cajasur, ambos del PSOE. Sánchez habló de injusticia y se aferró a los recursos judiciales para que "la caja vuelva a la tutela de la Junta". En los mismos térmicos se expresó Pulido Martínez, que apeló al "derecho de pataleo" antes de una eventual reunión entre los ayuntamientos afectados para tomar medidas. La Carlota, que se queda fuera en la asamblea, tenía representación por las corporaciones en el consejo de administración.

La alcaldesa de Fuente Obejuna, María Isabel Pérez (PP), aseguró desconocer de qué había servido para el municipio mantener un representante en la asamblea. Fuente Obejuna es uno de los municipios cordobeses en los que no se renovaron los representantes en la asamblea de Cajasur después de los últimos comicios, por lo que el actual vocal pertenece a la anterior corporación.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, fue más allá del terreno provincial y sentenció que la nueva configuración "excluye al ahorro andaluz". Márquez añadió: "Cajasur es cada vez menos nuestra, lo que se verá en los contenidos de la Obra Social, que cada vez más irán destinados fuera de Córdoba y Andalucía".

El presidente de la Diputación, Francisco Pulido, apeló a un "expolio" de los ayuntamientos cordobeses en una caja dirigida por "un cura que se salta las leyes y hace lo que le da gana, como si estuviéramos en una república bananera". Pulido no descartó que en Cajasur se tomen "otras decisiones, como llevarse la sede de la Obra Social fuera de Córdoba o iniciar la privatización" de la entidad de ahorro. Al igual que con los ayuntamientos, Cajasur ha hecho pública la lista de 300 compromisarios de los que se elegirán 30 por sorteo para representar a los impositores. Las listas están en las sucursales de la entidad y el plazo para las alegaciones concluye hoy.

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Alvarez, aseguró ayer que la salida de 34 corporaciones andaluzas de los órganos de gobierno de Cajasur "es la prueba del algodón" de la denuncia que estaba realizando la Junta del "expolio" para llevarse la caja de Andalucía. Alvarez aseguró que con la salida de estas corporaciones, la entrada del Ayuntamiento de Madrid y la ampliación de la representación del Cabildo Catedralicio de Córdoba "han puesto la primera piedra" para decidir fuera de Córdoba qué es lo que se hace con la obra social de Cajasur.

La consejera añadió que este hecho prueba además que la denuncia de la Junta "no era un montaje político como ha dicho el PP ni una estrategia de confrontación política, sino una denuncia pública de cómo se estaba hurtando a los ciudadanos que son los realmente dueños de esas cajas".