El argentino Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Internacional

El abogado Luis Moreno Ocampo, que se dio a conocer en el juicio a las juntas militares de la última dictadura argentina, fue elegido ayer por unanimidad fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI). Desde su puesto, Moreno Ocampo decidirá qué casos de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio podrán ser presentados ante el tribunal que se inauguró el pasado 11 de marzo en La Haya.

Moreno Ocampo (50 años, Buenos Aires) ha estado estos últimos días preparándose para asumir el cargo más importante de su carrera. "Reconozco que estoy algo desbordado, tengo mucho trabajo, ésta es una función muy delicada y quiero empezar con buen pie", dijo el pasado viernes por teléfono desde Boston, donde ejerce de profesor invitado en la cátedra Robert F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Este abogado fue elegido en una reunión de los países miembros de la CPI, en la sede de la ONU en Nueva York. Hasta ahora, el Estatuto de Roma que en 1998 creó el tribunal internacional ha sido ratificado por 89 naciones.

Moreno Ocampo dirigió el equipo de fiscales que denunció 700 casos de secuestro, tortura y desapariciones contra los integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983. Casado y padre de cuatro hijos, el jurista es además fundador de Poder Ciudadano, una fundación argentina de defensa de los derechos cívicos que aún preside.

Institución "eficaz"

"La elección de un fiscal tan experimentado como Moreno Ocampo es una prueba de que la Corte será una institución seria, responsable y eficaz", dijo Richard Dicker, de Human Rights Watch, una de las ONG que participaron ayer en una rueda de prensa en la ONU.

En teoría, la CPI tiene una amplia vocación internacional, pero su autoridad está limitada. No puede, por ejemplo, juzgar violaciones ocurridas durante la guerra en Irak puesto que ni EE UU ni el régimen de Bagdad ratificaron el Estatuto de Roma (EE UU lo firmó pero luego, con el Gobierno republicano, decidió retirarse). "Es un lazo interesante que une a estos dos países", subrayó Dicker, quien explicó que le parecía "poco probable que una denuncia relacionada con esta guerra llegara al tribunal. [...] Podría ocurrir con militares británicos, puesto que el Reino Unido ha firmado el Estatuto, pero sólo si las cortes inglesas deciden no juzgar el caso".

La CPI, con sede en La Haya, ratificó el pasado marzo el mandato de sus 18 jueces, incluido el de su presidente, el canadiense Philippe Kirsch, y debería consolidar su equipo en los próximos meses con la incorporación de unos 200 profesionales. Se calcula, sin embargo, que no empezará a funcionar hasta dentro de un año, y ya hay grandes dudas sobre su eficacia por la acérrima oposición de Washington y la falta de ratificación de países como China, Rusia, Israel o India.