Cientos de vecinos de Dénia exigen la devolución de parte de la factura del agua

El Ayuntamiento de Dénia deberá devolver parte de la factura del agua pagada desde 1994 por los vecinos que habitan fuera del casco urbano tras confirmar el Tribunal Supremo una condena al municipio por discriminación. Los abonados de las zonas de campo llevan años pagando una cuota de servicio superior a la del casco urbano, y han ganado ya varios pleitos por esta diferencia en el trato. Jaime Fermín Ribes, portavoz de la Asociación de Vecinos del Montgó, recuerda que la organización se creó en 1992 precisamente para oponerse a otra discriminación, la de la tasa de basuras, que también era más alta fuera del pueblo y que finalmente se igualó. A finales de 1994 comenzó el segundo litigio con el Ayuntamiento, por la tarifa fija del agua, que ganaron los ciudadanos del campo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 1996 y ante el Supremo en mayo de 2002, explica Ribes. A pesar de esa primera sentencia, el Ayuntamiento, aunque ha reducido la diferencia, ha mantenido una tasa unos seis euros mayor al bimestre en el campo. Con el paso de los años, ha perdido otros dos contenciosos, ya que la asociación, a la que se han unido otras, ha recurrido cada cambio de tarifas.

Según Ribes, los afectados que reclamen la devolución de lo que han pagado de más cobrarán unos 600 euros más intereses. Son cerca de 20.000 los abonados fuera del casco urbano, pero hay titulares que han cambiado, con lo que no todos exigirán la restitución. La asociación del Montgó tiene unos 1.000 miembros y estima que 400 reclamarán. También tienen previsto hacerlo los 250 de la Asociación de Vecinos de Les Bassetes, afirma su presidenta, Marilín Bertó.

Retraso

El Consistorio, cuyo alcalde es Miguel Ferrer, del PP, aún no ha tenido que ejecutar el primer fallo definitivo del Supremo, ya que se han pedido aclaraciones que han retrasado el proceso hasta el pasado febrero. Ferrer recuerda que las tarifas declaradas nulas por discriminación fueron aprobadas por la Generalitat, y afirma que cumplir la sentencia "tiene algunas complicaciones". El alcalde defiende la política de tarifas según las zonas por los diferentes costes de explotación de una red de distribución muy amplia. Sin embargo, el informe pericial manejado en una de las sentencias del TSJ considera que no hay motivos para justificar la diferencia en la cuota de servicio.

Aclarado por el tribunal que no es la asociación la que debe cobrar la devolución, sino cada usuario -aunque el alcalde limita la posibilidad a los socios-, ahora hay que realizar una nueva baremación de los valores de la factura y establecer la cuota a restituir. Ferrer reduce la cantidad que deberá salir de las arcas municipales y la calcula en unos 96 euros por usuario. Está también pendiente, tras los varapalos judiciales, que se igualen por fin las tarifas del campo y la ciudad. Los vecinos, por su parte, ya han comenzado a remitir al Ayuntamiento escritos con sus datos para reclamar la devolución.