Denuncia contra un fiscal por su actuación en un juicio de menores

Dos abogadas de Barcelona han presentado una denuncia a la inspección de la fiscalía por la actuación que tuvo un representante del ministerio público en un juicio de menores, que pactó una pena de cinco años de internamiento para un joven que reconoció haber cometido 12 violaciones y 7 robos contra mujeres. Las letradas consideran que actuaciones como esa "causan una verdadera alarma social".

"Nos estamos refiriendo a un menor acusado de 12 violaciones con robo y otros delitos de agresión sexual, no a uno solo, por lo que la actitud de la fiscalía es, cuando menos, desconcertante no sólo para nosotras, sino también para las víctimas". Así se expresan las abogadas Maria Teresa Giralt y Montserrat Campillo en la denuncia que han remitido ante la inspección de la fiscalía y a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ya ha ratificado la pena impuesta en su día por el Juzgado de Menores número 2 de esta ciudad, por lo que es muy probable que se convierta en definitiva, a no ser que el Tribunal Constitucional estime que hubo vulneración de algún derecho fundamental y anule el juicio. Pero al margen de los recursos, las abogadas pretenden hacer pública su indignación por la actuación de la fiscalía y estudian presentar una demanda de responsabilidad civil por lo ocurrido.

"Hechos como los descritos causan verdadera alarma social y una profunda desazón y sensación de impotencia a las víctimas", explican las abogadas, que ejercieron la acusación en nombre de algunas de las mujeres violadas, la mayoría de ellas también menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Las abogadas consideran que todo el proceso es "un cúmulo de despropósitos". La fiscalía de menores ha declinado realizar cualquier comentario sobre el proceso aludiendo a las reservas que siempre rigen en esta jurisdicción.

Delinquir durante el permiso

D. P. G., de 17 años, fue condenado el pasado 1 de agosto a cinco años de internamiento en un centro y otros tantos de libertad vigilada por 12 violaciones y 7 robos contra mujeres. Todos los delitos ocurrieron cuando disfrutaba de permisos de un día o de fin de semana concedidos por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que era el organismo que le custodiaba.

El juicio por esos hechos no llegó a celebrarse, pues el fiscal rebajó su petición inicial de ocho a cinco años de internamiento. Eso facilitó un pacto de conformidad entre las partes, una posibilidad prevista en la ley. Las abogadas se enteraron de que se dictó sentencia a mediados de septiembre de manera casual. Nadie se lo notificó, ni a ellas ni a sus clientas. Tampoco se les trasladó el escrito de acusaciones del fiscal ni se les dijo que iba a celebrarse el juicio. Recurrieron y el propio juzgado anuló el juicio.

La nueva vista se celebró el pasado 24 de enero y el fiscal volvió a rebajar su petición para el acusado a cinco años de internamiento y otros cinco más de libertad vigilada, pese a que en su escrito admite que el menor es reincidente y que el tratamiento que ha recibido por anteriores agresiones sexuales no ha surgido efecto.

Las abogadas admiten que en la jurisdicción de menores están muy limitadas, pero añaden que sí pueden "exigir que la ley se aplique de forma correcta y se respete, además de los derechos del menor acusado, el derecho y respeto de las víctimas". Es decir, agregan, "que se les explique de forma coherente la razón por la cual al menor reincidente y con los informes desfavorables se le efectúa una rebaja sustancial" la pena inicial. Nada de eso ocurrió, según las abogadas. De ahí su queja porque, recuerdan, en casos igualmente graves como el del menor condenado por el crimen de la Villa Olímpica, la fiscalía solicitó el máximo de ocho años de internamiento que prevé la ley.