Todos los partidos, menos el PP, piden que se mantenga la Escuela Judicial
Consenso político casi unánime en torno a la Escuela Judicial situada en Vallvidrera. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han suscrito una proposición no de ley que se pronuncia de manera clara a favor "de la validez del actual modelo de Escuela Judicial y de su orientación, así como de la importancia política y social de que mantenga su sede en Cataluña". Desde que el centro cambió de director hace un año -Francisco Valls sustituyó a Carlos Gómez- se iniciaron los primeros movimientos de los sectores más conservadores de la judicatura para desmantelar el único organismo oficial del Estado que no tiene su sede en Madrid. De ahí que en la proposición no de ley que debatirá el Parlament se asegure que la ubicación de la escuela en Barcelona es una expresión de que "la organización de los poderes del Estado se adecuen al modelo constitucional".
Actualmente los jueces que superan la oposición pasan un año en la Escuela Judicial y otros seis meses de prácticas en un juzgado antes de ejercer. La dirección de la escuela ha venido defendiendo desde 1997 que los futuros jueces ya habían demostrado un conocimiento más que sobrado de las leyes, después de superar una oposición que requiere cuatro años de preparación. De ahí que los planes vigentes estuviesen encaminados a formar un "juez constitucional" que conozca la sociedad en la que habrá de administrar la justicia. Así se explica que los planes de estudio vigentes incluyeran visitas a comisarías y prisiones, seminarios con periodistas, encuentros con grupos ecologistas o con mujeres maltratadas o simulaciones de juicios con abogados y fiscales.
"Algunas amenazas"
En este sentido, la proposición no de ley recuerda que "la Escuela Judicial ha funcionado eficazmente gracias a esta orientación y a la dotación de instalaciones y equipamientos", aunque advierte de que "hoy, sin embargo, no solamente planean algunas amenazas sobre este modelo de escuela, sino también sobre su ubicación en Cataluña".
Oficialmente, el Consejo General del Poder Judicial asegura que la escuela se mantendrá en Vallvidrera, pero el sector mayoritario ultima una reforma para reducir la permanencia de los alumnos a seis meses. También pretende reducir el número de alumnos de 200 por cada promoción a 52. Los sectores progresistas consideran que todos estos movimientos son el primer paso para desmantelar la escuela.
Luisa María Prieto, portavoz en Cataluña de Jueces para la Democracia y ex alumna del centro, considera que "está claro que el modelo de juez integrado en la sociedad está seriamente en peligro con los acuerdos de la mayoría conservadora del Poder Judicial". En su opinión, "existe una estrategia dirigida a que la formación del juez se limite a un estudio memorístico cuando la sociedad pide otro modelo como la iniciativa parlamentaria de los partidos".
