El tímido plante de los auditores

Los auditores se han plantado ante la nueva tasa que grava sus informes. Unos días antes de que acabara el plazo para ingresar el primer pago, las corporaciones que los agrupan anunciaron su intención de recurrir la decisión del Gobierno. Sus asociados, sin embargo, seguirán pagando, puede que durante años, antes de que los tribunales decidan.

Los auditores deben pagar 80 euros por cada informe y 160 euros si han cobrado por el trabajo más de 30.000 euros

El recurso ante el Tribunal Supremo tiene como objetivo que la tasa sea declarada anticonstitucional

El primer plazo acababa hoy. Cada firma de auditoría debía hacer recuento de los informes de auditoría que había realizado durante los tres primeros meses del año; calcular cuántos le habían reportado unos ingresos inferiores a los 30.000 euros y cuántos superiores; multiplicar los primeros por 80 euros y los segundos por 160 euros e ingresar la cantidad total en una cuenta a favor del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el organismo del Ministerio de Economía que supervisa sus trabajos. Lo decía la ley financiera, que aprobó a finales del año pasado la creación de esta nueva tasa sobre los informes de auditoría, y un real decreto publicado en febrero les había explicado los pasos a seguir para su pago.

Los auditores han esperado hasta el último momento para mostrar algo más que su descontento ante esta nueva tasa. En el caso del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJC), la corporación que agrupa a las cuatro grandes firmas -Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG- y el 80% de la facturación del sector, la estrategia ha sido doble: han recurrido ante el Tribunal Supremo y han recomendado a sus asociados -5.589 profesionales y 508 firmas- que inicien los trámites para pedir su devolución. Las otras dos corporaciones que agrupan a los auditores -economistas y titulados mercantiles- también han mostrado su intención de recurrir la tasa.

Ambos caminos son largos y complicados. Con el recurso ante la sala contencioso-administrativa del Supremo, los auditores persiguen que la tasa sea declarada inconstitucional. Para ello, cuentan con un informe que el ICJC encargó a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que concluye que ésta no financia un servicio público, sino que encubre un impuesto y, por tanto, es inconstitucional. Fuentes legales aseguran que pueden pasar años antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión.

La otra vía es por ahora sólo administrativa y consiste en que cada auditor individual o cada firma de auditoría demuestre su disconformidad en el momento de liquidar. Esta solicitud de rectificación tiene como objeto que los auditores no pierdan su derecho a la devolución.

El rechazo es más de principios que económico, ya que se trata de cantidades ridículas sobre el precio total de una auditoría -la de una gran empresa puede llegar a tres millones de euros, según fuentes del sector- que además los auditores podrían repercutir a sus clientes. Esto tampoco significa que los auditores se nieguen a pagar la tasa. Muchos ya lo han hecho. Ni el Ministerio de Economía, ni el ICJC tienen aún datos de la cantidad ingresada por las firmas durante este primer trimestre, uno de los de mayor actividad, ni de los auditores que han decidido mostrar su disconformidad con ella. La tasa tiene como objetivo financiar el control de calidad que el ICAC realiza sobre las firmas y para el cual este organismo tiene previsto ampliar su plantilla. En su día, su presidente, José Luis López Combarros, estimó que la tasa supondría entre 2,5 y 3 millones de euros anuales para el sector. Menos del 1% de su facturación.