Otra contrarreforma

SI EL HOMBRE ES EL ÚNICO ANIMAL que tropieza dos veces en la misma piedra, los Gobiernos son capaces de darse de bruces con un número todavía mayor de obstáculos. Así le está ocurriendo al Ejecutivo de Aznar con la regulación jurídica de la extranjería; aprobadas el año 2000 dos leyes -separadas por 11 meses- sobre la materia y en curso de tramitación una tercera norma relacionada también con ese ámbito, la anulación por el Supremo de varios artículos del Reglamento de 20 de julio de 2001 promoverá seguramente un cuarto intento de reforma. Los extranjeros que quitan el sueño al Gobierno no son los jubilados de la UE ni los empresarios y rentistas de otros países avecindados en España, sino mano de obra barata procedente de África, Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, expulsada de su tierra por el hambre y atraída por las perspectivas demasiadas veces ilusorias de las zonas desarrolladas del planeta. El progresivo endurecimiento del tratamiento aplicado por el Gobierno del PP a los inmigrantes viene a ser el palo que se alterna con la zanahoria tendida por redes mafiosas y empresarios sin escrúpulos a esos hombres y mujeres en busca de empleo y fortuna.

Una sentencia del Supremo anula parcialmente el Reglamento de la Ley de Extranjería por hacer interpretaciones extensivas de la norma aplicada o invadir competencias reservadas al Parlamento

La primera estación de ese largo calvario fue la Ley de Extranjería de 11 de enero de 2000; aunque su texto había sido consensuado en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el PP), fue aprobada finalmente sin los votos del partido del Gobierno, que había tratado infructuosamente de modificar su articulado en el Senado. La mayoría absoluta lograda por los populares en la siguiente legislatura permitió al Gobierno sacarse la espina y promulgar a matacaballo -el 22 de diciembre de 2000- un texto refundido drásticamente modificado, recurrido luego ante el Tribunal Constitucional. Pero el Ejecutivo no quedó totalmente satisfecho con esa contrarreforma tridentina; el amplio programa de odio al delito -y también al delincuente, pese a Concepción Arenal- pergeñado por la fervorosa pareja ministerial de Justicia e Interior con el fin de calentar las próximas elecciones municipales del 25 de mayo da otra vuelta de tuerca al régimen administrativo y penal sobre inmigración. Si el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana en tramitación no sufre modificaciones, los extranjeros en situación irregular que resulten condenados a penas inferiores a seis años de prisión podrán ser expulsados de España.

Entremedias, el Ministerio del Interior había aprobado el 20 de julio de 2001 el Reglamento de la Ley de Extranjería, recurrido ante el Supremo por las organizaciones de apoyo a los inmigrantes Andalucía Acoge y Red Acoge. La sentencia dictada el pasado 20 de marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo anula parcialmente 11 artículos que desbordaban su función puramente ejecutiva e invadían ámbitos reservados a disposiciones con rango de ley. Entre otros abusos, el reglamento dificultaba la reagrupación familiar de los inmigrantes, consentía que los permisos de trabajo fuesen rechazados por trabas formales o de procedimiento, autorizaba el internamiento de las personas entradas ilegalmente en España a bordo de las pateras y ampliaba el régimen de repatriación automática de los inmigrantes detenidos en la frontera a los extranjeros en tránsito o en ruta dentro del territorio nacional.

Con esas trapacerías, el Ministerio del Interior no hizo sino aplicar las instrucciones que el conde de Romanones impartía -según parece- a sus seguidores: no importa que otros hagan las leyes, siempre que vosotros redactéis los reglamentos. El Gobierno, sin embargo, pretende orillar la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para conseguir por otros medios los resultados antes logrados mediante la frustrada utilización de la torticera vía del decreto; todo hace suponer que el ministro Acebes se dispone a emprender la cuarta reforma del régimen de extranjería, esta vez para otorgar rango de ley orgánica a los preceptos reglamentarios anulados por el Supremo.