CiU pide que se aplace la reforma de los consejos comarcales

Convergència i Unió (CiU) está dispuesta a negociar una modificación del actual sistema de elección de los consejos comarcales evitando así una "lluvia de recursos" ante los tribunales, si la entrada en vigor de la reforma se aplaza hasta después de las próximas elecciones municipales, según fuentes de la federación. Convergència incluso ha hecho llegar esta posibilidad a ERC, que es la formación que propone un sistema menos lesivo para los intereses territoriales de CiU, y, aunque los republicanos no han rechazado de entrada esta posibilidad, fuentes independentistas apuntan que ven "imposible" acordar este extremo.

El aplazamiento es el asunto clave del debate que afrontará el último pleno parlamentario de este mes. Si la reforma prospera, CiU podría perder el control sobre una quincena de consejos comarcales incluso obteniendo los mismos votos que en 1999.

CiU sostiene que si la ley entra en vigor de inmediato se entrará en una etapa de "gran conflictividad" de recursos, después de que tres de los siete miembros del Consejo Consultivo de la Generalitat emitieran un voto reservado contrario a esta modificación. El Consultivo, organismo jurídico de la Generalitat, ha dictaminado por cuatro votos contra tres que la modificación se ajusta a derecho.

La federación nacionalista se agarra como a un clavo ardiendo a la "solidez jurídica" de los argumentos expuestos por los tres miembros del Consultivo avalados por CiU, que en su voto particular señalan que hay "inseguridad jurídica" si se cambia una normativa de este tipo con una convocatoria electoral en marcha. De no conseguir un aplazamiento de esta cuestión, CiU prevé una "grave conflictividad" que podría derivar en la presentación de recursos ante las juntas electorales provinciales, así como recursos individuales de amparo o bien contenciosos-administrativos de los grupos municipales de CiU de todo el territorio, lo cual obligaría a los tribunales a plantear una consulta al Tribunal Constitucional para que resolviera sobre la legalidad de la modificación de la ley comarcal.