El coste de una buena ley

La ley sobre los juicios rápidos lleva el mismo camino que la de Responsabilidad Penal del Menor: elogios unánimes, escaso o simplemente inexistente aporte económico desde el Estado y, como consecuencia, la probabilidad de que no se aplique adecuadamente o, al menos, no por igual en todos los partidos judiciales de España.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en octubre y que, a partir del próximo día 28, regulará la aplicación de juicios rápidos para aquellos delitos cuya pena máxima no supere los cinco años, sean de instrucción sencilla, flagrantes, de hurto o con violencia física necesita de más profesionales y dinero para cumplir con el espíritu con el que fue concebida. Desde la Consejería de Justicia se quejan de que van a tener que arañar cuatro millones largos de su presupuesto para pagar la ley estatal y que de los 12 jueces solicitados tan sólo van a llegar cinco.

"La nueva deuda histórica"

La consejera de Justicia, Carmen Hermosín, aprovechó su comparecencia tras el Consejo del Gobierno andaluz el pasado martes para criticar la postura del Gobierno central en esta materia y subrayar que no sólo la ley fue aprobada sin su correspondiente memoria económica, sino que el Ministerio aún no ha presentado oferta alguna de cofinanciación, tal y como Hermosín asegura que está fijado en el Pacto por la Justicia suscrito esta legislatura por los dos partidos mayoritarios. La consejera no duda en calificar esta situación como el nacimiento de "una nueva deuda histórica".

La Junta es la encargada de facilitar los inmuebles, material informático, de grabación para pruebas anticipadas -la vídeoconferencia se ha descartado ante el vacío legal que existe aún sobre su aplicación y validez legal-, intérpretes, peritos y transporte de funcionarios e incluso la mensajería de pruebas materiales para su análisis rápido en el Instituto de Toxicología de Sevilla y, sobre todo, las guardias. Desde la Consejería se lamenta que el Gobierno central no haya elaborado aún una Orden Ministerial en el que se regule la estructura de la guardias.

Una vez que se produzca, la Junta prevé realizar algunos ajustes (según su potestad) por las especificidades de la comunidad como, por ejemplo, la estacionalidad (el volumen de trabajo varía ostensiblemente según la estación en muchos partidos judiciales), así como establecer un régimen específico para las zonas costeras y agrícolas cuya actividad varía enormemente en momentos puntuales.

El diseño de las guardias se ha dividido en un principio en varios grupos. En las grandes poblaciones (Málaga y Sevilla) habrá un juzgado para detenidos de 9.00 horas a 21.00 horas, un juzgado abierto 24 horas para diligencias y otro de expedientes de faltas de 9.00 horas a 19.00 horas a diario. En la segunda categoría (Granada), habrá un juzgado de guardia 24 horas para detenidos y diligencias y otro de faltas de 9.00 horas a 19.00 horas.

En los partidos más pequeños, un juzgado estará de guardia toda una semana y dedicará otro día a celebrar juicios. El coste de estas guardias, según la últimas previsiones, se acercará a los dos millones de euros anuales. Desde la Consejería de Justicia se asegura que ya se han ejecutado las obras necesarias (se ha actuado en 40 de los 85 partidos judiciales de la comunidad) y que todo está preparado para que el próximo día 28 eche a andar la nueva ley con las debidas garantías.

Hermosín incluyó en sus quejas por la nula contribución económica del Gobierno la advertencia de que estos cuatro millones de euros deben de salir de un presupuesto diseñado antes de conocer los gastos que traería consigo la ley estatal. Así, es más que probable que los fondos aplicados a los juicios rápidos signifiquen el retraso o incluso la paralización parcial de otros proyectos diseñados con anterioridad en muchos de los partidos judiciales andaluces.