Navarra, ¿laboratorio de bienestar para todos?

Hace unos meses aparecía en EL PAÍS un reportaje con el título Navarra, laboratorio de bienestar, en el que se destacaban las bondades de nuestra Comunidad Foral en materia de protección social. Dicho artículo partía de un planteamiento correcto: podemos presumir de ser una comunidad de las más ricas en cuanto a desarrollo productivo, de tener una de las tasas de desempleo más bajas o una de las medias salariales más elevadas. También es cierto que nuestras ciudades son consideradas limpias y seguras y sin presencia de delincuencia callejera, marginalidad o chabolismo.

Sin embargo, Navarra no puede ser considerada como un ejemplo de sociedad del bienestar. Por el contrario debiéramos sentirnos alarmados al permitir situaciones personales y familiares de grave dificultad social en una comunidad tan próspera. En Navarra tan sólo 2.000 familias perciben la renta básica que se asigna a aquellos hogares más excluidos y el Parlamento Foral acaba de rechazar una propuesta para elevar su cuantía mensual, unos 330 euros por familia, al nivel del salario mínimo.

Respecto a los inmigrantes que viven en nuestra comunidad, éstas representan menos del 4,5% de la población, una de las tasas más bajas del Estado. Sin embargo tenemos uno de los porcentajes más altos de irregularidad, ya que la mitad de esas 30.000 personas extranjeras no tienen papeles. Este es un reflejo de la política perversa del Gobierno foral en materia de inmigración: conoce la importante aportación que realizan estas personas a nuestra economía, pero permite que lo hagan en la sombra y sin papeles. En otras palabras, estamos permitiendo que las personas que vienen a nuestra comunidad recojan nuestra fruta, cuiden a nuestro abuelos o limpien nuestras casas, pero no permitimos que compartan nuestro estatus de ciudadanía. Por ello no debiéramos sorprendernos cuando en las encuestas de opinión se refleja que aquí las personas extranjeras se sienten más discriminadas que en otros lugares del Estado.

Cada vez son más los mayores de 65 años que tienen problemas de autovalimiento y que precisan de atención para poder permanecer en sus domicilios, y sin embargo el programa de atención a domicilio todavía no ha conseguido aumentar su cobertura al 5% de la población mayor, uno de los objetivos al que se comprometió el Gobierno foral en 1997. Y, entre otras carencias, también los familiares de personas con enfermedades mentales graves se encuentra aún en espera de que se complete la creación de una red de salud mental efectiva y ágil. ¿Podemos presumir realmente de ser una sociedad del bienestar?