CiU y el PSC pactan el cese de Madí para archivar la investigación de las encuestas

La comisión de investigación parlamentaria sobre el escándalo de las encuestas podría morir hoy, tras la primera comparecencia. De cumplirse el guión, David Madí, hombre fuerte del conseller en cap, Artur Mas, y secretario de Comunicación del Gobierno de CiU, presentará su renuncia y asumirá las responsabilidades por la manipulación de las encuestas. Los socialistas catalanes se darán por satisfechos y la comisión desaparecerá.

La comisión parlamentaria sobre la manipulación de encuestas terminará hoy sus sesiones si David Madí anuncia, como está previsto, su dimisión. Fuentes de la federación nacionalista y del Partit dels Socialistes (PSC) están de acuerdo en desactivar la investigación. Las dos fuerzas políticas mayoritarias en Cataluña quieren evitar a toda costa que las conclusiones a que pueda llegar la comisión contaminen las campañas electorales que se avecinan y en las que ambas formaciones tienen mucho que perder.

Socialistas y convergentes quieren evitar que la comisión se convierta en argumento político-electoral

El PSC considera "una gran victoria" que Madí dimita, lo cual justificaría el punto final de la investigación parlamentaria

Los nacionalistas se comprometen a relevar al 'hombre fuerte' de Mas de la Secretaría de Comunicación

El PSC quiere evitar que el alcalde de Barcelona, Joan Clos, sea citado a declarar y que se ponga en tela de juicio la gestión hasta ahora opaca del Ayuntamiento de la ciudad sobre las encuestas municipales, que como las de la Generalitat, se financian gracias a los fondos públicos.

El precio para que CiU evite ese nuevo e incómodo frente político es la destitución de David Madí, lo que el PSC considera "una gran victoria". Fuentes socialistas aseguraron ayer que este mensaje ha sido trasladado a la cúpula de CiU, que anoche analizaba cómo presentar la decisión.

Esta posibilidad ya se consideró a mediados del pasado mes de marzo. En aquella ocasión, Mas en conversación telefónica con Francesc Vendrell, parlamentario autonómico del PP y brazo derecho en Cataluña del ministro Josep Piqué, afirmó que la destitución de Madí era un hecho.

Sin embargo, un cúmulo de circunstancias hizo que se reconsiderara la decisión. En esa determinación pesaron tanto los encendidos discursos contra la guerra de Irak de Ignasi Guardans, parlamentario de CiU en el Congreso,que tanto molestaron al PP, como el hecho de que el cese trascendiera a la opinión pública a través de los medios de comunicación -véase EL PAÍS del pasado 18 de marzo-, lo cual no gustó a Mas, decidido "a no seguir los dictados de la prensa", según fuentes de la federación nacionalista.

La cúpula de CiU intentó por todos los medios frenar la comisión de investigación parlamentaria, pero el PP, molesto por los desplantes de sus aliados catalanes en el asunto de Irak y de la propuesta de reforma del Estatut, consideró que el sacrificio de Madí no era suficiente. Pero desde entonces CiU se ha movido.

La proximidad de fechas electorales recomienda prudencia y la federación nacionalista ha buscado la complicidad del otro gran partido catalán, el PSC, para evitrar las sorpresas de consecuencias desagradables que se agazapan tras una comisión de investigación. Sobre todo cuando se trata de la primera en 23 años de gobierno que CiU afrontaba en solitario y con unas elecciones municipales y autonómicas en puertas.Los socialistas ya negociaron la pasada semana con Convergència i Unió que la primera y hasta ahora única comparecencia acordada -la de Madí- fuera a puerta cerrada, contra el criterio de los tres partidos minoritarios: el PP, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Miquel Iceta, portavoz del PSC, aseguró ayer la disposición de su partido a dar capetazo a la comisión parlamentaria si Madí dimite hoy y hay asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno de CiU. Mientras, el presidente de ICV, Joan Saura, criticaba ayer mismo que CiU y el PSC hayan acordado que la comparecencia "se realice en secreto". Saura agregó que "es incomprensible que el Gobierno catalán y el principal partido de la oposición hayan llegado a este acuerdo". Fuentes de este partido explicaron que la formación se guarda la carta de llevar a los tribunales al Ejecutivo catalán por el escándalo si la comisión de investigación se cierra en falso.

El pasado marzo, el Gobierno catalán suprimió la Dirección General de Evaluación y Estudios, dirigida por Josep Camps, un barón de Convergència muy querido en el partido. No obstante, la responsabilidad de facto sobre las encuestas del Gobierno catalán recaían desde principios de 2000 en Madí, especialmente en lo que respecta a los barómetros periódicos, que han sufrido una cascada de "errores", siempre en beneficio de Mas.

El sondeo de julio de 2000 se entregó al Parlament sin las evaluaciones de Artur Mas, Josep Antoni Duran y Josep Piqué. La calificación del líder de Unió era muy superior a la de Mas, mientras que el dirigente popular le doblaba en grado de conocimiento. En cambio, se entregaron notas de Josep Lluís Carod (ERC), de Rafael Ribó (Iniciativa) y de Alberto Fernández Díaz (PP), por quienes no se preguntó durante el trabajo de campo. Casi la mitad de las preguntas del cuestionario original fueron ocultadas a la Cámara.

En el barómetro siguiente -presentado en enero de 2001- también hay indicios de manipulación y las tablas que se enviaron al Parlament contienen datos falsos. Los principales rivales de Mas -Maragall, Montilla y en aquella época Duran- vieron rebajada su puntuación, con lo que se alteró el orden de los políticos: Maragall, que obtuvo la mejor evaluación, apareció empatado con Jordi Pujol, por quien no se preguntaba. La alteración exigió cambiar 150 registros en una muestra de 800 personas.