Contratación por Internet

La ley impone a los empresarios la obligación de comunicar a los servicios públicos de empleo (el Inem), en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de trabajo que celebran así como las prórrogas de los mismos. Hasta ahora esta obligación se cumplía mediante la presentación de los documentos en las oficinas del Inem. Pero recientemente se ha abierto la posibilidad de que tal comunicación se haga a través de Internet.

La comunicación de los contratos de trabajo por medios telemáticos ha sido regulada por dos normas: un real decreto publicado en febrero, y que ha sido desarrollado por orden ministerial de este mismo mes. Estos textos tratan de poner en marcha sistemas alternativos para el registro de la contratación, intentado la eliminación de trámites burocráticos.

Así, el Inem ha abierto un nuevo servicio en su página web, que bajo la denominación de "Comunicación de la contratación laboral" permite a los empresarios, tanto a los que actúan en nombre propio como a aquellas empresas y colegios profesionales que actúan en representación de terceros, realizar la comunicación de los contratos laborales y de las copias de los mismos, desde su propio despacho, en conexión directa con la base de datos de los servicios públicos de empleo.

Para ello, deben solicitar autorización administrativa a través de la propia aplicación. La concesión de esta autorización requiere la presentación de la solicitud firmada y sellada junto con la documentación exigida, en el servicio público de empleo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se realizó la solicitud.

Concedida la autorización, la empresa podrá realizar las comunicaciones a través de dicha aplicación, estableciéndose varias opciones, distinguiéndose entre la comunicación individualizada y la comunicación múltiple. Los documentos así obtenidos tienen plena validez siempre que en ellos figure la denominada huella electrónica, que actúa como firma y sello de organismo público.

Por último, se va a impedir el acceso de las empresas al contenido de la base de datos del servicio público de empleo, en aplicación de los principios de protección de datos.