El Gobierno aporta 2,3 millones a los 146 prejubilados de Poliseda

El Consejo del Gobierno regional aprobó ayer destinar 2,3 millones de euros a financiar parte de las prejubilaciones de 146 trabajadores de la empresa italiana Poliseda, cuya fábrica en Alcalá de Henares estuvo a punto de cerrar hace ocho meses. La crisis se resolvió el pasado diciembre con la venta de la firma a un antiguo accionista, que se comprometió a conservar 233 puestos de trabajo a cambio de que los sindicatos aceptaran la prejubilación de 146 empleados, una congelación salarial en 2003 y la eliminación del área textil. Las prejubilaciones de esos 146 trabajadores serán financiadas por la propia empresa, el Ministerio de Trabajo y la Comunidad, según explicó ayer el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón.

En julio de 2002, Poliseda presentó un expediente de regulación de empleo y de suspensión de pagos que amenazaba con dejar en la calle a sus 379 empleados. Éstos pidieron ayuda a las administraciones, y el pasado diciembre los representantes del grupo Radici, dueño de la fábrica, acordaron su venta a Francisco Moreno, antiguo accionista. La venta garantizó la continuación de la producción. A cambio, los trabajadores aceptaron una reducción máxima de 146 empleados mayores de 58 años a través de prejubilaciones, una congelación salarial para 2003 y la eliminación del área textil.

Estas medidas fueron incluidas en el llamado Plan de Viabilidad: 9,7 millones de euros aportados por la propia empresa (el 60%), el Ministerio de Trabajo (16%) y la Comunidad (24% o, lo que es lo mismo, 2.346.235 euros en dos años). Con ese dinero, los 146 trabajadores prejubilados podrán cobrar el 90% de su sueldo durante los años que les queden hasta la jubilación.

Plan de discapacitados

El Gobierno aprobó también un gasto de 110.800.434 euros para contratar la gestión de las residencias para discapacitados psíquicos no gravemente afectados, que hasta hace un año eran privadas o subvencionadas y que el Plan de Acción para Personas con Discapacidad convirtió en públicas. Estos contratos tendrán una duración de cinco años, prorrogables por periodos de la misma duración hasta un máximo de 20 años. Antes de la puesta en marcha del Plan de Acción, la red pública tenía 4.273 plazas en centros para personas con discapacidad psíquica no gravemente afectadas, mientras que a finales de 2003 contará con un total de 10.117 plazas.

Por último, el Consejo regional admitió ayer la solicitud de la Universidad Rey Juan Carlos para crear la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Turismo en el campus de Fuenlabrada. El presidente Alberto Ruiz-Gallardón justificó la ayuda de la Comunidad de Madrid, que se eleva a casi 1,2 millones de euros, por el valor estratégico que ha adquirido el sector turístico en la región. Así, la Universidad espera mejorar la organización de sus enseñanzas y consolidar el campus de Fuenlabrada.