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CiU vota con el PP la ley que facilita expulsar inmigrantes y encarcelar a delincuentes menores

El pleno del Congreso rechaza las seis enmiendas a la totalidad de la oposición

El pleno del Congreso rechazó ayer con los votos del PP, CiU y CC seis enmiendas a la totalidad presentadas por otros tantos grupos de la oposición contra el proyecto de Ley de Medidas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros. El ministro de Justicia, José María Michavila, que defendió el texto, afirmó que la legislación actual es un "coladero" para los delincuentes. Los enmendantes criticaron que el proyecto equipare inmigración con delincuencia y lo calificaron de "oportunista" y "represivo".

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El texto del Gobierno modifica el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Extranjería. Entre otras cosas, permite la expulsión de los extranjeros que perpetren pequeños delitos y establece penas de prisión para quienes reincidan en la comisión de faltas.

Las enmiendas a la totalidad fueron presentadas por el PSOE, IU y cuatro partidos del Grupo Mixto: BNG, ERC, EA y Chunta Aragonesista (CHA). Los portavoces de todos estos grupos argumentaron que el proyecto, que implica la modificación del Código Penal, olvida las políticas sociales y los grandes delincuentes y se ceba en los pequeños infractores.

El ministro de Justicia defendió el texto afirmando que "no hay nada más falso que sostener que ésta es una ley contra los inmigrantes". Según dijo, el texto trata de proteger sus derechos de integrarlos en la sociedad.

Luego ironizó sobre el Código Penal vigente, que fue aprobado en 1995, durante el último Gobierno de Felipe González: "Se hizo [entonces] un pomposo Código Penal, llamado pomposamente el código de la democracia, que simplemente no funciona". Según dijo, ese Código permite que haya una "sanción cero" contra los delincuentes multirreincidentes: "Al delincuente habitual y profesional le sale gratis serlo", afirmó.

Mezcla "explosiva"

El portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, recordó que "la criminalidad ha crecido un 40% de forma constante con los Gobiernos del PP", y afirmó que el Ejejcutivo había encontrado en la extranjería "el chivo expiatorio" para esta situación.

Aludió al "descontrol patético en las fronteras y sobre la extranjería irregular". A este respecto, recordó que el Gobierno sólo es capaz de ejecutar el 30% de las expusiones dictadas.

"El proyecto parte de la confusión entre irregulares y delincuentes extranjeros, y pretende igualar a los primeros con los segundos y a los segundos con los primeros", acusó. "Se trata de una iniciativa tomada en el tramo final de la legislatura para permitirles a ustedes declinar responsabilidades".

En sentido similar se manifestaron otros portavoces de los grupos enmendantes. Luis Carlos Rejón, de IU, provocó insultos desde los bancos del PP cuando, tras denunciar que "todo esto se está haciendo al margen del pacto de Estado para la Justicia", negó legitimidad al Gobierno y acusó a sus miembros de ser "los batasunos de [el presidente de los EE UU, George W.] Bush".

Por ERC intervino Joan Puigcercós, quien señaló que "sólo el título de la ley ya justifica la enmienda a la totalidad, pues mezcla inseguridad ciudadana con inmigración y violencia doméstica, explosivo cóctel". Con él coincidió el representante del BNG, Carlos Aymerich, que incidió en que el Ejecutivo pretendía crear un derecho penal distinto para españoles y para extranjeros.

En defensa del Gobierno hablaron María Ángeles Muñoz, del PP, quien calificó el proyecto de ley de "adecuado, positivo y necesario"; Luis Mardones, de CC, quien dijo que las medidas del Gobierno estaban planteadas "desde el sentido común", y Manuel Silva, de CiU, para el que "el Código Penal no es en estos momentos un instrumento útil".

Las enmiendas a la totalidad fueron rechazadas sin la presencia del PNV, cuyos diputados estaban ausentes de la Cámara.

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