Las agencias de espionaje han entorpecido la investigación civil

Los gobiernos han tendido a pensar que el desarrollo de la tecnología del cifrado era de interés militar y que debía restringirse su uso civil. La investigación en este campo ha seguido dos caminos paralelos. Los avances secretos en las agencias de espionaje y el de los informáticos libertarios que lo consideraban un instrumento básico para garantizar la intimidad del internauta.

Steven Levy ha publicado un libro, Cripto (Alianza), en el que narra la historia de este enfrentamiento. La agencia de seguridad norteamericana (NSA) consideraba "un mal necesario dejar que un potente algoritmo de cifrado llegara a los bancos y las corporaciones. Pero permitir que se dieran a conocer sus sofisticadas técnicas, que podrían animar a otros a blindar sus propias cifras..., eso era completamente inaceptable".

En el cifrado militar, emisor y receptor se conocen y pueden pactar previamente las claves. El gran reto de gente como Merkle, Diffie o Hellman en Estados Unidos era conseguir un sistema que permitiera a dos personas comunicarse de manera segura sin haber pactado antes la clave. Cuando en los años setenta empezaron a producirse las primeras patentes de sistemas de cifrado civiles, la NSA intentó declarar estos inventos materia reservada. La segunda maniobra fue intentar prohibir la exportación por considerarlo un arma. Internet permitió sortear este obstáculo. Cuando Zimmermann terminó su primera versión del programa PGP de cifrado con clave pública, lo entregó a un amigo suyo que lo colgó en servidores norteamericanos de Internet. El programa no se había exportado, pero desde la Red cualquiera en cualquier parte del mundo podía descargarlo. Zimmermann documentaba el programa con una justificación clara: "Si la privacidad es declarada ilegal, sólo los ilegales disfrutarán de privacidad".

La batalla legal para liberar la información sobre programas cifrados tuvo su cénit en 1999, cuando un tribunal norteamericano declaró: "Los intentos del Gobierno de controlar la encriptación (...) podrían afectar no sólo a los derechos de los criptógrafos protegidos por la Primera Enmienda sobre libertad de expresión, sino también a los derechos constitucionales de cada uno de nosotros como receptores potenciales de los beneficios de la criptografía".

La propia Administración de Clinton cambió sus planteamientos sobre el cifrado civil y pasó de teorizar el depósito obligatorio de las claves a liberalizar la exportación del cifrado.