El PP se queda solo en su rechazo a la paridad en las listas electorales

El PP rechazó ayer en el Pleno del Congreso la toma en consideración de tres proposiciones de ley de PSOE, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) para reformar la Ley Electoral General de 1985 con el objetivo de equilibrar la presencia de hombres y mujeres en las listas electorales, iniciativas cuya tramitación sí contó con el respaldo del resto de grupos de la oposición, incluyendo a los nacionalistas catalanes, vascos y canarios.

Este tema, que ha sido regulado en comunidades como Castilla-La Mancha o Baleares, está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno de José María Aznar.

La propuesta de los socialistas aboga por extender a todos los partidos la denominada "democracia paritaria", lo que supone que ninguno de los dos sexos pueda copar más del 60% de las candidaturas o tener menos del 40%, proporción que habría de aplicarse en cada tramo de cinco miembros de la lista. No obstante, el PSOE introduce una excepción, ya que excluye de la obligación de cumplir este requisito a las candidaturas que se presenten en las localidades con menos de 2.000 habitantes con la intención de facilitar el proceso de elaboracion de listas. Para los casos en los que el número de miembros de la candidatura fuese legalmente inferior a cinco, la proporción entre hombres y mujeres deberá ser, en todo caso, la más cercana posible al 50%.

Por su parte, la proposición de ley de IU, en lugar de fijar porcentajes, se limita a señalar que la diferencia entre el número de candidatos de cada sexo no pueda ser superior a uno. La iniciativa se inspira en una ley aprobada en Francia en 2000 que llegaba incluso a establecer una sanción económica para los partidos que incumplieran en más de un 2% los objetivos marcados por la norma.

La propuesta de Iniciativa per Catalunya-Verds defiende las llamadas "listas-cremallera", donde los puestos se reparten alternativamente entre hombres y mujeres, y fija un periodo de implantación gradual para que todos los partidos se adapten.

Frente a ello, el PP insistió en su criterio de rechazar que la condición sexual sea motivo de inclusión o de exclusión en una lista electoral, rechazando la toma en consideración de las iniciativas.