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Elecciones autonómicas en Cataluña

Este año Cataluña elegirá al Gobierno de la Generalitat, el cual, a través de sus políticas públicas afectará para bien o para mal el bienestar social de la mayoría de la población en Cataluña. Sería de desear, por lo tanto, que los temas que afectan hoy y ahora a la población catalana y sobre los cuales el Gobierno de la Generalitat tiene pleno poder, como son las escuelas primarias y secundarias, los servicios de atención sanitaria primaria, la salud pública, los hospitales, los servicios de ayuda a las familias (tales como escuelas públicas de infancia de 0 a 3 años, servicios domiciliarios para las personas con discapacidades y personas mayores, viviendas asistidas y residencias de ancianos), programas de inserción de la mujer y de los jóvenes al mercado laboral, vivienda para los jóvenes, la protección del ambiente, la prevención de la exclusión social y la integración de la inmigración -todos ellos temas que según indican las encuestas preocupan más a los ciudadanos- centraran el debate político. En realidad, la Generalitat de Cataluña ya tiene desde hace muchos años plena potestad sobre la gran mayoría de estos servicios que determinan, en gran manera, la calidad de vida de la población catalana. Excepto las pensiones, la Generalitat es la autoridad que tiene mayor responsabilidad en cada uno de estos capítulos del Estado de bienestar catalán, compartiéndola en algunos de ellos con los municipios, aun cuando la responsabilidad y recursos de estos últimos en estos temas es menor y supeditada a la autoridad de la Generalitat. De ahí que estos temas deberían ser centrales en el debate político de este año que concluirá con la elección de un nuevo Gobierno de la Generalitat. Mucho me temo, sin embargo, que se repita la experiencia de algunas elecciones autonómicas anteriores y que éstas se centren en temas de identidad nacional, debatiendo -entre otros temas identitarios- la configuración constitucional del Estado que articule mejor Cataluña con el resto del país, tema de indudable interés pero que no afectará hoy y ahora al bienestar del pueblo catalán puesto que su puesta en marcha, en caso de darse, llevaría bastante tiempo en realizarse. Esta centralidad de los temas de identidad nacional en el debate político es estimulada por el partido nacionalista que gobierna la Generalitat y es facilitada por unos medios de información y persuasión -la mayoría de los cuales son conservadores- que rehúyen de un análisis crítico de nuestras realidades, reproduciendo una imagen excesivamente complaciente de que "España va bien y Cataluña va incluso mejor". Así vimos muy recientemente cómo la mayoría de tales medios dieron gran difusión al informe Anuario Social de España 2003, publicado por La Caixa, en el que se reproducía, una vez más, la imagen de que Cataluña tenía el bienestar social mejor de España. Aquel optimismo, sin embargo, ignoraba que los indicadores que tal estudio utilizaba eran insuficientes para llegar a tal conclusión. Por ejemplo, el informe indicaba que en servicios sanitarios estábamos en una de las mejores situaciones de España, derivando esta conclusión del elevado número de médicos, camas hospitalarias y equipos de alta tecnología médica existentes en Cataluña, sin analizar otros indicadores más sensibles a la calidad del sistema sanitario, como es, por ejemplo, el porcentaje de la población atendida por los nuevos sistemas de atención primaria reformada, en donde el tiempo promedio de visita al médico es mucho mayor que en la no reformada. De incluir tal indicador habríamos visto que Cataluña, junto con Galicia, es la comunidad autonómica más atrasada en reformar su atención primaria sanitaria, el nivel sanitario más utilizado por la ciudadanía. Tampoco incluía en el análisis del sistema sanitario a los servicios de salud pública, poco desarrollados en Cataluña, responsables, en parte, de que los indicadores de salud (tales como tasas de mortalidad, casos de enfermedades infecciosas y cancerígenas) sean de los peores de España, como incluso el informe de La Caixa reconoce. Tenemos lo último en trasplantes mientras que partes de Cataluña todavía tienen problemas sanitarios del tercer mundo, como disentería. La misma actitud carente de crítica aparece en el análisis del informe de La Caixa de otros sectores, como educación, en que también se llega a conclusiones excesivamente optimistas.

En realidad la evidencia existente muestra que el Estado de bienestar en España no va bien y que, en muchas áreas, Cataluña va peor. En Cataluña y en España existe un deterioro de los servicios públicos (educación, sanidad, salud pública y servicios sociales), resultado del gran descenso del gasto público social de los últimos años, descenso que afecta todavía más a Cataluña que a España, debido a que el gasto social público en Cataluña (17,5% del PIB en 1999, el último año por el cual hay cifras comparables) es menor que en España (19,9% del PIB) y mucho menor que en la UE (27,6% del PIB). En la UE sólo Irlanda se gasta menos de su PIB en servicios y transferencias del Estado de bienestar. Y esto ocurre en gran parte de los sectores sociales. En Sanidad, por ejemplo, Cataluña se gasta sólo el 4,9% de su PIB en servicios sanitarios públicos, el gasto público sanitario menor en la UE, menos que España (5,7%) y mucho menos que la UE-15 (7,1%). Este déficit alcanza niveles incluso más acentuados en las transferencias y servicios de ayuda a las familias (a las cuales se considera retóricamente como el centro de la sociedad) gastándose un misérrimo 0,4% del PIB, cuando el promedio en la UE es casi seis veces mayor, un 2,2%. En cuanto a vivienda, el gasto público es sólo de un 0,2% del PIB, también mucho menor que el promedio de la UE, del 0,6%. No quiero abarrotar al lector con más y más datos que muestran el retraso del Estado de bienestar catalán. El ciudadano sabe del significado de estas cifras pues son las clases populares las que sufren más este gran déficit de los servicios públicos. Mientras, el establishment mediático y político en Cataluña (que en su gran mayoría envía a sus hijos a las escuelas privadas y va a la sanidad privada o recibe trato especial en la pública cuando cae enfermo) continúa redefiniendo Cataluña centrándose en temas de identidad nacional.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 08 de abril de 2003.

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