Dos catedráticos alertan sobre la escasa inversión que se destina a la universidad

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a sociedad vasca no está preocupada por su universidad. Su evolución, su realidad y sus retos de futuro ni le satisfacen ni le decepcionan. No le interesan. La ausencia de reflexión sobre ella, la menguada inversión pública y privada y la escasa relevancia que se da a su papel en la investigación así lo corroboran, tal y como expresan el catedrático de Filología Vasca y ex rector de la Universidad del País Vasco (UPV) Pello Salaburu y el catedrático de Fisiología de la universidad pública y candidato a rector en las últimas elecciones Juan Ignacio Pérez en su recién publicado Unibertsitatea eta euskal gizartea, gaur (Pamiela).

Los autores constatan una curiosa contradicción. A pesar de que el número de ciudadanos que ha cursado estudios universitarios casi se ha doblado en los últimos 15 años (ha pasado de un 10,1 a un 19, 4%) y de que la población activa con estudios superiores ha pasado en ese mismo periodo de suponer un 12,5 a un 26,5%, la percepción de esta institución como algo lejano y ajeno, que no inspira confianza ni atracción, sigue siendo mayoritaria. La mejor prueba de este fenómeno la encuentran Salaburu y Pérez en los "escasos" medios económicos que le dedica la sociedad.

A diferencia de otros indicadores económicos y sociales que sitúan a la comunidad autónoma vasca al mismo nivel que los países más desarrollados, los que hacen referencia a la inversión en la educación superior colocan a Euskadi en el último puesto de Europa. El gasto por estudiante universitario en la comunidad autónoma (4.975 dólares -una cifra similar en euros- en 1999) es inferior a a media española (5.760 dólares) y apenas supera el 50% de la media de la UE (9.169 dólares).

La diferencia es similar en el porcentaje del PIB que se destina en inversione en educación superior; un 0,84% en el País Vasco, 1,1% en España, 1,26% en el conjunto de la UE y 2,33% en Estados Unidos. Tampoco sale bien parada la Administración autónoma. La financiación pública de la enseñanza universitaria supuso un 0,55% del PIB en Euskadi, frente a un 0,85% nacional y un 1,13% en los Quince.

Artículos y patentes

Esta falta de atención se plasma también en el campo de la investigación. Junto a la dificultad que supone el que las universidades vascas se hayan estructurado "atendiendo a necesidades de educación y no de investigación", como afirman los autores, el trabajo científico de los centros universitarios, en su gran mayoría investigación básica, ha quedado relegado "a un segundo plano" dentro del modelo de Investigación y Desarrollo (I+D) elaborado por el Gobierno vasco, en el que prima la investigación aplicada.

Euskadi se descuelga aquí de nuevo de los parámetros de la UE o de Estados Unidos, donde el porcentaje de gasto en I+D en la universidad y los centros dependientes de la Administración dobla al que se da en el País Vasco.

Salaburu y Pérez consideran que esta tendencia debe ser modificada desde la Administración y esgrimen dos razones. La primera es que la investigación básica es un elemento estratégico y su "escaso" apoyo económico tendrá consecuencias "muy negativas". La segunda defiende que mientras la producción de artículos científicos en revistas internacionales, variable por la que se mide el rendimiento de la investigación básica en la universidad, es muy superior a la que le correspondería por la inversión realizada (320 frente a 270), el número de patentes logradas por las empresas (31), reflejo de la investigación aplicada, es menor del que debería conseguirse en relación con el dinero aportado (50).

La falta de interés de la sociedad y de sus representantes políticos no sólo se ve traducida en magnitudes económicas. Los autores de este pormenorizado estudio critican que la oferta de estudios universitarios no se ha diseñado para satisfacer necesidades sociales ni se ha primado la calidad. Así, deploran el "exceso de diversificación y especialización temprana" que ha multiplicado de forma innecesaria los costes y "puede dar lugar a una oferta de estudios caduca".

También la autonomía universitaria, uno de los principios que ha estado en boca de políticos y dirigentes universitarios durante los últimos seis meses, ha merecido una amplia reflexión por parte de los dos catedráticos. En su opinión, el hecho de que más del 80% del presupuesto de la UPV provenga de fondos públicos tiene como consecuencia que las administraciones deben disponer de mecanismos que garanticen que el servicio de la universidad es acorde con la sociedad a la que representan. No obstante, lamentan que las leyes regulen "hasta la extenuación" cualquiera de los ámbitos de la vida universitaria.