El Gobierno rechaza de plano reformas en los estatutos y cierra el proceso autonómico

El Gobierno que preside José María Aznar ha decidido dar por cerrado el proceso autonómico y se muestra dispuesto a rechazar de plano cualquier nueva ampliación, sea por la vía de la reforma de los estatutos o por la del 150.2 de la Constitución, que contempla la cesión de competencias exclusivas del Estado a las autonomías, como quieren los partidos nacionalistas. Un informe del Ministerio de Administraciones Públicas, que su titular, Javier Arenas, presentará en los próximos días, sirve de respaldo a la tesis gubernamental como ariete frente a la "ofensiva nacionalista". Tras señalar que "el proceso autonómico está prácticamente culminado", rechaza tajantemente "la apertura de una segunda descentralización autonómica".

Javier Arenas, tras ser nombrado el pasado verano ministro de Administraciones Públicas, anunció una ronda de entrevistas con todos los presidentes autonómicos. La ronda culminó hace algunas semanas, y fue el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el único presidente autonómico con el que el ministro no se entrevistó. En su balance sobre esas reuniones y la situación del Estado de las autonomías, el Ministerio de Administraciones Públicas evalúa que el número de acuerdos de traspasos realizados a las comunidades, desde el inicio del proceso de descentralización hace 25 años, asciende a 1.767 y sólo quedan pendientes 80, un 4,3% del total.

También destaca que el número de personal de la Administración del Estado traspasado a las comunidades asciende a 810.705 funcionarios, faltando tan sólo de transferir a las comunidades 16.904; esto es, un 2% del total.

El bloque de traspasos pendientes afecta, especialmente, a la provisión de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia. Sólo Madrid, entre las 11 comunidades llamadas de vía lenta, la tiene traspasada. También está pendiente la transferencia de las políticas activas de empleo a tres comunidades autónomas: País Vasco, Murcia y Andalucía. Y, finalmente, los servicios del Instituto Social de la Marina.

Administraciones Públicas mantiene el compromiso alcanzado por su titular, el pasado verano, de culminar en los meses que quedan de esta legislatura los traspasos pendientes, y con ellos "cerrar la etapa de descentralización, de culminar el proceso de competencias que se abrió con la aprobación de la Constitución y los Estatutos de autonomía".

No habrá segundo proceso

Además de dar por cerrado el proceso de descentralización autonómica, Administraciones Públicas advierte, con vehemencia, que no aceptará abrir un segundo proceso de descentralización como reclaman los nacionalistas CiU, PNV y BNG, y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). "El Estado de las autonomías no es un proceso sin final. No es un pozo sin fondo". El texto precisa que el Gobierno rechazará la pretensión de reforma de los estatutos de Cataluña y el País Vasco, impulsada por los partidos nacionalistas que gobiernan ambas comunidades (CiU y PNV, respectivamente), en la medida que plantean "una relectura del actual marco constitucional y estatutario para abrir un segundo proceso de descentralización".

También aclara que no aceptará la utilización generalizada de la vía extraordinaria del artículo 150,2 de la Constitución, que permite la cesión de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas, y al que invoca la reforma del Estatuto de Cataluña que propone Artur Mas, conseller en cap de la Generalitat. "Ninguno de ambos caminos es razonable. La Constitución de 1978, surgida del consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, sigue siendo hoy el único marco válido y adecuado para regir nuestra convivencia, y no son aceptables ninguna de las propuestas que, bajo presuntas relecturas o reinterpretaciones, pretenden forzar una auténtica mutación constitucional".

Administraciones Públicas estima que el nivel de descentralización alcanzado por el Estado autonómico es "perfectamente equiparable al de los Estados federales de nuestro entorno" y que "más que en pensar en hipotéticas reformas de una Carta Magna, que ha sido reconocida, dentro y fuera de nuestras fronteras, como ejemplo de constitucionalismo democrático" el objetivo prioritario debe ser "favorecer y reforzar la cohesión y colaboración" entre las distintas instituciones territoriales.

El Gobierno reitera así su apuesta por reforzar la cooperación autonómica e impulsar la descentralización de comunidades autónomas en beneficio de los municipios.