El petróleo pasa por la ONU

"Si existen posibilidades de negocio en Irak, las estudiaremos, [pero] ahora es imposible saber qué oportunidades hay", declaró el pasado viernes el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina. Hasta meses antes de estallar la crisis, la petrolera española estuvo negociando con las autoridades de Bagdad una concesión en el yacimiento de Nasiriya, en el sur del país, con capacidad para producir 300.000 barriles diarios y una reservas estimadas en 2.000 millones de barriles. El alineamiento de España con la coalición anglo-estadounidense debería avalar las pretensiones de Repsol YPF ante el Gobierno que se instale en Irak tras la guerra.

Sin embargo, el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mark Malloch, advirtió el pasado jueves que, según la Convención de Ginebra, "la potencia ocupante sólo puede tomar decisiones administrativas del día a día" y no "asumir compromisos legales" a medio plazo. "La industria petrolera de Irak necesita fuertes inversiones para modernizarse e incrementar su eficacia. Cualquier compañía interesada en invertir necesitará garantías legales de que las concesiones serán validas durante 10 o 20 años, lo que no podrá darle una administración interina", dijo. "Quizá en Washington hay gente que todavía no ve el problema, pero tendrán que darse cuenta", concluyó.

Las inversiones estimadas en el campo de Nasiriya ascienden a unos 1.900 millones de dólares. Según las fuentes consultadas, sólo un Gobierno reconocido internacionalmente como legítimo podría garantizar una inversión tan cuantiosa. El organismo que puede otorgar dicha legitimidad es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero el papel de la ONU en el Irak post-Sadam es, precisamente, el punto más controvertido de la negociación. Mientras tanto, hasta mediados de mayo, la ONU administra el programa Petróleo por Alimentos para Irak.