Víctima del distinto color político

Cinco años de espera es suficiente tiempo para suscitar serias dudas entre los vecinos de la barriada de San Antón de Elche, formada por más de una decena de bloques construidos entre 1950 y 1960, y habitada en su mayoría por personas mayores. "Yo sólo me creo lo que veo", afirma la presidenta vecinos de este barrio, Carmen Agulló, de 78 años. Su rostro surcado por las arrugas del tiempo no le priva de una mirada juvenil y guerrera con la que ha defendido las ayudas del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) ante la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Elche.

Los 19 millones de euros con que la Generalitat financiará las obras de la barriada a fondo perdido han encontrado su camino hasta San Antón. El pasado miércoles el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, entregaba la copia del acuerdo de ayudas al barrio al subdelegado del Gobierno valenciano en Elche, Manuel Ortuño. Las ayudas a fondo perdido financian las obras de reconstrucción del barrio con más de 9.000 euros por vivienda, ayuda suficiente para acometer las obras de seguridad de los edificios.

Sin embargo, el convenio llegaba con más de seis meses de retraso y tras una decena de requerimientos del Consistorio por cartas al consejero y al director general de Arquitectura y Vivienda, José María García Zarco. Ortuño entregó en mano el acuerdo al alcalde, el socialista Diego Macià, que quedó encargado de ratificarlo en el pleno del próximo lunes. Y fue más lejos: "Hemos hecho averiguaciones a cargo de la Subdelegación del Gobierno y hemos descubierto que gente del entorno del Ayuntamiento y de empresas han comprado viviendas en el barrio para especular". Estas investigaciones, según Ortuño, explican el retraso de la remisión del acuerdo. El subdelegado del Gobierno apunta que los pisos comprados a unos 12.000 euros pueden generar, gracias a las ayudas de públicas del Consell, plusvalías de 60.000 euros. "Estamos soliviantados desde hace cinco años", declara Carmen mientras mira con escepticismo un montón de recortes de prensa sobre la situación de su barrio. "La realidad es que unos se culpan a otros del retraso. Lo cierto es que el Ayuntamiento ha estado muy atentado a nuestros requerimientos, pero claro, si no llega el dinero...", apunta. No obstante, Carmen Agulló, esta ilicitana que ha pasado media vida en Francia, sentencia: "Si en el Gobierno valenciano hubiera un grupo afín al Ayuntamiento de Elche el dinero hubiera llegado antes", una tesis que comparte el gobierno municipal.

En enero de 2002 se produjo el primer requerimiento de urgencia desde el Consistorio ilicitano a los responsables de la consejería. Con fecha del 15 de enero, y firmado por Macià, se remitió un fax a la atención del responsable de Arquitectura y Vivienda: "El motivo de contactar contigo es interesarme por el estado de tramitación del Convenio relativo al Barrio de San Antón de esta ciudad, que se encuentra pendiente desde hace unos meses". Después de esta comunicación, continuaron una serie destinada a García Zarco y al consejero que terminó el 17 de febrero de 2003. Según afirma el concejal ilicitano de Vivienda, Carlos González, los faxes y epístolas nunca tuvieron respuesta. Es más, un día antes de que llegara el convenio a Elche el concejal remitió una carta a los vecinos para informarles del retraso de las obras ante la falta de respuesta de la consejería. En julio de 2002 ya se había establecido la rehabilitación del barrio entre el consistorio y la Generalitat.

Meses antes, el Ayuntamiento comenzaba las obras de apuntalamiento del bloque 15 del barrio, el que se encuentra en peor estado. La estructura se mantiene asegurada por más de una decena de vigas de acero situadas en el exterior, asegurando la fachada. Además, los locales y las escasas viviendas de los bajos que continúan habitadas conviven con las vigas de acero clavadas entre el suelo y el techo. La humedad y la aluminosis se han encargado de convertir el edificio en un escenario bélico.