El Tribunal de Cuentas critica el pago por la UPV de 'pluses' sin respaldo
La Universidad alega que los abonará mientras no sean anulados
El Tribunal de Cuentas vasco considera que los pluses salariales individuales abonados a profesores por la Universidad del País Vasco (UPV) en el año 2000 (3,9 millones de euros) no estaban respaldados por el decreto que regula las retribuciones docentes en la universidad, según su informe de fiscalización de dicho ejercicio. El tribunal valora, no obstante, los avances en la gestión de la UPV respecto a años previos.
En una de las alegaciones incluidas en el informe, la UPV refuta las conclusiones del Tribunal sobre el abono de los complementos retributivos, que premian individualmente méritos docentes e investigadores. Sostiene el Rectorado de la UPV que el pago de los pluses "no adolece de ilegalidad alguna". Señala que decidir su concesión no es competencia de suya, pero que está obligada a abonarlos porque si no lo hiciera "incurriría en responsabilidad legal". Y advierte al tribunal de que, "mientras no se establezca la nulidad de los mismos, la Universidad está obligada a pagarlos".
Los controvertidos complementos retributivos han generado un agujero en las cuentas de la UPV que el Departamento de Educación se ha negado a cubrir. Desde hace varios meses representantes de ambas instituciones y del Consejo Social de la Universidad negocian posibles soluciones.
El rector de la UPV, Manuel Montero, aseguró ayer que la comisión tripartita está trabajando bien y dijo confiar en que haya resultados en "breve". Montero se negó a revelar si la UPV tiene dinero suficiente para pagar los pluses correspondientes a este mes. Por su parte, la consejera de Educación Anjeles Iztueta, añadió en la misma comparecencia que los tres entes implicados buscan "una solución global" al problema financiero de la UPV.
Otras irregularidades
El informe también señala otras irregularidades administrativas y contables. Entre ellas, que la UPV comprometió en 2000 un total de 14,2 millones de euros en "gastos para ejercicios futuros" sin tener créditos para financiarlos. Ante esto, la UPV alega que la legalidad vigente es de "difícil ejecución", pero viene a decir que estos compromisos están respaldados por créditos del Gobierno autónomo.
El órgano auditor también critica a la Universidad no elaborar un balance económico ni una cuenta de resultados, por haber adquirido bienes y servicios por un total de 7,7 millones de euros "eludiendo [los criterios de] publicidad y concurrencia" y por contratar colaboradores (que no son becarios) sin hacerles contrato ni "respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad". Otra de las irregularidades es que la UPV carece de un sistema de control de los contratos de investigación científica.
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