Perales afirma que la ley de Cooperación obligará a definir el papel de las diputaciones

El consejero de Gobernación, el socialista Alfonso Perales, aseguró ayer en el Parlamento que la futura ley de Cooperación Territorial obligará a definir el papel de las diputaciones, unas instituciones a las que en la práctica la Junta de Andalucía ha ido relegando poco a poco y cuyo papel político ha recorrido el camino inverso al que le reserva el Estatuto de Autonomía. Perales se esforzó en lanzar puentes de diálogo con el PP, toda vez que sin el consenso del principal grupo de la oposición será imposible el desarrollo de una norma "compleja y llena de dificultades".

Perales explicó en comisión parlamentaria, a petición del PP, el anteproyecto de ley de Cooperación Territorial, un texto que recibió luz verde del Consejo de Gobierno para su tramitación en junio de 2002 y que aún no ha entrado en el Parlamento.

La futura norma contempla la creación de hasta nueve figuras de cooperación entre los municipios, entre ellas las áreas metropolitanas, las comarcas y las entidades metropolitanas sectoriales. Los redactores del anteproyecto rodean de extraordinarias precauciones y sin imposición cualquiera de las alianzas municipales contempladas, ya que se deja en manos de los ayuntamientos la capacidad de decisión de sumarse o no al nuevo ámbito territorial.

Perales descartó "de manera radical" imponer un mapa de comarcas en Andalucía, lo cual, afirmó "no se contradice" con que algunas consejerías desarrollen su trabajo a partir de esa distribución, como recientemente ha aprobado en una orden Turismo y Deportes, departamento que dirige el PA. En ninguna de las nuevas figuras administrativas se prevén elecciones democráticas directas, una vieja aspiración de los andalucistas a la que se han opuesto siempre con determinación sus socios socialistas.

Al menos en medio centenar de ocasiones, Perales apeló al acuerdo no sólo de todas las administraciones implicadas sino de los partidos, "en especial" del popular. "Al igual que ningún gobierno cometería la atrocidad de hacer una ley electoral sin consenso, esta ley requiere un consenso cualificado", enfatizó.

El diputado popular José Luis Rodríguez empezó su intervención con un reproche: la legislatura municipal en curso está a punto de terminar sin que se haya producido algún traspaso a los ayuntamientos que haga efectiva la descentralización, por lo que mostró su "estupor" de que "una y otra vez no se atienda a las reivindicaciones" planteadas en este sentido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Rodríguez dudó del interés del Ejecutivo por pactar este proyecto "cuando ni siquiera se ha producido en profundidad un debate en la FAMP sobre el borrador".

Dicho esto, el popular planteó una batería de cuestiones muy concretas al responsable de Gobernación, la mayoría de las cuales perseguía indagar cuál será el papel de las diputaciones. Perales eludió implicarse políticamente en su respuesta, como le pidió de manera insistente Rodríguez.

No obstante, en el anteproyecto de la ley -de 108 artículos y cuatro disposiciones- tan sólo se cita una vez a las diputaciones, a las que si no se las arrincona de manera explícita, de ningún modo se les encarga la misión estatutaria de articular "la gestión ordinaria" de los servicios periféricos de la comunidad autónoma. Es más, hay normas del Gobierno andaluz que se han elaborado siguiendo el criterio de desplazar a las diputaciones, como el decreto por el que se regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía, del 26 de febrero de 2002, donde los presidentes de estas instituciones pasaron de ocupar el cuarto puesto al decimosegundo. Y en el borrador sobre la segunda modernización encargado por el Ejecutivo autónomo a Manuel Pezzi se propone que las diputaciones sean "residuales".

La respuesta de Perales fue: "Desconozco lo que va a proponer el PSOE en la próxima campaña autonómica, pero no vamos a tomar ninguna decisión en este año de legislar sobre las diputaciones. Su papel primordial debe dirigirse a atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes y es evidente que la ley va a obligar a un reequilibrio de responsabilidades".

Ante las críticas del PP de que el anteproyecto "entra en colisión con el Estatuto y es poco respetuoso con la autonomía local", Perales en vez de polemizar aseguró que "tomará nota". Porque si hay algo en lo que el consejero fue inequívoco fue en su disposición a "sacrificar la rapidez" en la tramitación de la ley "por el consenso". "Es una ley compleja, llena de dificultades que va a modificar la arquitectura institucional de Andalucía", argumentó.