Primeras escaramuzas en el 'caso Cajasur'

El largo conflicto entre la Junta y el equipo rector de Cajasur, con el cura Miguel Castillejo a la cabeza, ha cristalizado en los últimos dos meses en un intenso intercambio de acciones judiciales que alcanza a casi todas las vías: juzgados de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Constitucional o la Fiscalía Anticorrupción. Y, habida cuenta del enconamiento político en este asunto, con la Junta de un lado y el Gobierno central en la barrera opuesta, siempre próximo a Castillejo, es ahí donde se va a resolver.

"Ahora hay que dejar trabajar a las instancias judiciales", dijo la semana pasada Manuel Chaves para descartar la creación de una comisión de investigación sobre el asunto en el Parlamento andaluz, negativa muy criticada por IU. Los servicios jurídicos de la Junta, un equipo de una treintena de abogados dirigidos por Francisco del Río, ha activado ya casi todas las vías a su alcance. El Ejecutivo andaluz recurrió el mes pasado ante el Tribunal Constitucional la norma estatal (Ley Financiera) que permite a Cajasur evitar la tutela autonómica para pasar a control del Ministerio de Economía. Unas semanas antes impugnó los actos que han permitido a la caja adherirse a la norma estatal y aprobar nuevos estatutos (que aumentan la representación de la Iglesia). Y en febrero también denunció ante la Fiscalía Anticorrupción indicios de apropiación indebida y falsedad documental en la gestión de la caja, lo que incluye la polémica póliza de 2,9 millones contratada para garantizar a Castillejo una renta vitalicia cuando deje la caja. Una ofensiva, flanqueada con varios actos administrativos, en la que sólo falta el recurso contra la reciente decisión del Ministerio de Economía de aprobar nuevos estatutos, iniciativa que está a punto de concretarse.

La Junta de Andalucía ha activado ya casi todas las vías legales a su alcance

Los primeros autos del TSJA incorporan argumentos nada favorables a la Junta

En el otro lado, el equipo jurídico de Cajasur, comandado por Diego Jordano, ex diputado del PP, ha contado con un poderoso aliado en el Gobierno. El Ejecutivo central ya recurrió en 2000 la Ley andaluza de Cajas ante el Constitucional, una norma que equiparaba la composición de los órganos de gobierno de Cajasur a la del resto de cajas. Y el mes pasado, impugnó la modificación de la Ley andaluza de Cajas, con la que la Junta trató de abortar la huida de Cajasur al manto protector del Ministerio de Economía que le facilitaba la Ley Financiera, que incluía un artículo diseñado por el PP exclusivamente para sustraer a la entidad cordobesa del control de la Junta. En ambos casos, como en cualquier iniciativa de la Administración central contra normas autonómicas, el Constitucional ha suspendido cautelarmente los artículos en cuestión hasta dictar sentencia.

Las suspensiones del Constitucional sobre normas autonómicas y alguna otra decisión similar en otros tribunales sobre iniciativas de la Junta han sido jaleadas por los dirigentes populares, con el secretario regional del PP, Antonio Sanz, a la cabeza, que llevan la cuenta de los "reveses judiciales" de la Junta. "Son decisiones sobre suspensiones cautelares o de procedimiento, no hay aún ninguna sobre el contenido de los recursos", arguye el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, de quien dependen los servicios jurídicos autonómicos.

Lo cierto es que, hasta ahora, las suspensiones cautelares casi siempre se han decantado del lado de Cajasur, volcado en una estrategia de ganar tiempo mientras la Iglesia católica resuelve la incómoda situación en la que le ha puesto Castillejo.

Los primeros autos de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aún no tratando sobre el contenido de sendos recursos de Cajasur, sí han incorporado argumentos nada favorables a las tesis de la Junta.

En su primera decisión, esta sala del TSJA suspendió la orden de la Consejería de Economía que exigía a la caja la anulación, en un plazo de 20 días, de la póliza de Castillejo. No se pronunciaba sobre el fondo del recurso, pero apreciaba ya que "no existe apariencia de buen derecho" en la orden autonómica. Poco después el TSJA desestimaba una petición similar de Cajasur sobre la inspección de la Junta a la entidad pero ordenaba que la empresa privada que auxiliaba a los inspectores autonómicos abandonara esta función. Una decisión que Jordano interpretó como el principio del fin de la legalidad de la inspección, sobre la que el TSJA aún se tiene que pronunciar.

"Si hay una puerta cerrada, tenemos siete abiertas", señala Zarrías, en referencia a una posible decisión contraria a los intereses de la Junta en el TSJA. Cualquiera que sea el fallo de la sección que preside Santiago Martínez-Vares (ex presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura), a ambas partes les queda el recurso al Tribunal Supremo.

Una de las puertas recién abiertas por la Junta es la de la Fiscalía Anticorrupción. La Administración autonómica considera que el visto bueno del Fiscal General del Estado a la investigación sobre la gestión de Castillejo es una primera victoria. Aquí, Jordano sigue una táctica similar a la de Zarrías. El jefe de los servicios jurídicos de Cajasur mantiene que "no se dan las circunstancias de cuantía y de multiplicidad de los perjudicados" que justifican la intervención de Anticorrupción en el caso (indicios de apropiación indebida de 10,3 millones en una caja que cuenta con un millón de cuentas) y pide que pase a la Fiscalía de Córdoba. En suma, cerrar una puerta para abrir otra, en un largo camino hasta llegar a los más altos tribunales, Supremo y Constitucional, que tendrán la última palabra.