El TC suspende una modificación de la Ley de Cajas andaluza

La norma quería evitar que la Junta perdiese la tutela de Cajasur

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la modificación de la Ley de Cajas andaluza, cambio normativo que impulsó la Junta para evitar que Cajasur, la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, sortease la tutela autonómica y pasase a ser controlada por el Ministerio de Economía. La admisión a trámite, conocida ayer, supone la suspensión cautelar de la modificación impugnada.

El enfrentamiento entre la Junta y el equipo rector de Cajasur, que cuenta con el apoyo del Gobierno, se ha dejado sentir también en el Constitucional. El Ejecutivo central ya recurrió la Ley andaluza de Cajas de 1999 que pretendía equiparar la composición de los órganos de gobierno de la entidad cordobesa a la del resto de cajas, lo que suponía bajar la representación de la Iglesia del 35% al 9%.

El mes pasado se cruzaron dos nuevos recursos. La Junta impugnó ante el Constitucional la Ley Financiera, al entender que la norma estatal vulneraba sus competencias por permitir que las cajas de "fundación directa por la Iglesia" eludiesen el control autonómico y pasasen a ser supervisadas por el Ministerio de Economía en lo referente a la composición de sus órganos de gobierno y su presupuesto de obra social. La única entidad que puede acogerse a esta excepción es Cajasur.

Por su parte, el Gobierno recurrió una modificación a la Ley andaluza de Cajas incluida a última hora en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos para tratar de evitar la huida de Cajasur, que inició los trámites para adherirse a la nueva norma estatal, apenas 48 horas después de su aprobación.

Disposición adicional

La modificación de la Ley andaluza de Cajas recogía una disposición adicional (la quinta) en la que se establecían nuevas condiciones para dificultar que Cajasur pasase a ser tutelada por Economía. Además de requerir el visto bueno del Consejo de Administración de Cajasur, exigía que el 80% de la Asamblea General apoyara esa solicitud y que la Diputación de Córdoba (cofundadora de la entidad según la Junta, condición que le niega Cajasur) también diera su visto bueno. Estos requisitos eran casi imposibles de cumplir (la Diputación está en manos del PSOE), pero Cajasur los obvió y siguió adelante con el proceso de adhesión a la Ley Financiera y la aprobación de nuevos estatutos, proceso que el Ministerio de Economía dio por finalizado hace dos semanas.

La admisión a trámite del recurso del Gobierno central, que fue hecha pública a última hora de ayer por la agencia Efe, supone la suspensión temporal de la norma impugnada. El Constitucional tiene ahora cinco meses para decidir si levanta la suspensión o la mantiene hasta que decida sobre el fondo del recurso. Según Efe, la disposición impugnada no es la adicional quinta sino la transitoria quinta, que hace referencia a los plazos para la adaptación de todas las cajas andaluzas a la Ley Financiera. Hace poco más de un mes, fuentes del Constitucional indicaron a este periódico que la impugnación se centraba en los cambios normativos que afectaban a Cajasur.

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