Vivienda y tráfico concentran la mayoría de las quejas al Ararteko

Agúndez pide a Interior que mejore las grabaciones en comisarías

Vitoria - 27 mar 2003 - 00:00CET

Las quejas presentadas por la ciudadanía al Ararteko han cambiado de dirección en 2002. Si el año precedentes destacaron las protestas en materia de función pública (sobre oposiciones y ofertas de empleo institucional), esta vez se han multiplicado las relativas a vivienda y tráfico. Entre ambas áreas, concentran casi el 25% de las 1.253 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo vasco, una cifra parecida a la de años anteriores.

La titular del Ararteko en funciones, Mertxe Agúndez, que presentó ayer en el Parlamento su informe correspondiente al año pasado, ligó el creciemiento de las quejas sobre vivienda (un 49% más que en 2001) a las promociones públicas de los últimos meses y recordó que la conflictividad en esta materia puede estar unida a la falta de una Ley del Suelo en el País Vasco, donde aún rige la de 1976. Las protestas se refieren a "la dificultad para acceder a la vivienda, a defectos de construcción, a los alquileres, los precios...", explicó Agúndez.

Las quejas relacionadas con Interior crecen un 66% con respecto al año anterior. Destacan las vinculadas al tráfico, en la ejecución de las sanciones, sobre todo de los ayuntamientos. Respecto al Departamento de Interior, la ararteko también ha insistido en la recomendación de que mejore las condiciones de grabación en las comisarías.El Defensor del Pueblo vasco ya emitió un informe en 1999 en el que pedía a Interior que mejorara el sistema de grabaciones de vídeo en las comisarías. Desde entonces, Agúndez cree que ha mejorado la situación, aunque realiza alguna salvedad. "Hemos podido saber que ese sistema, para prevenir malos tratos en las detenciones policiales, no ha sido aún plenamente implantado", explica el informe anual.

"A pesar de que el departamento afirma que el sistema de control se ha instalado en todos los centros de detención de la Ertzaintza", continúa el documento, "en las visitas que, durante el último trimestre de 2002, hemos realizado a dos comisarías, hemos comprobado que existen algunas zonas de calabozos que quedan fuera del alcance de las cámaras de grabación digital". Además, la ararteko cree que Interior no ha dado "explicaciones satisfactorias" sobre los procedimientos para controlar esas grabaciones.

Pese a estos problemas concretos, Agúndez destacó que las administraciones colaboran con la institución y que el 90,32% de las reclamaciones quedan resueltas. Realmente, de las quejas presentadas por la ciudadanía sólo un 26% estaba basada en una irregularidad atribuible a una institución. De todas las protestas, la mayoría se dirigía contra instituciones locales, ayuntamientos principalmente (un 45%), seguidas por el Gobierno vasco (35%) y las tres diputaciones (15%). Este año, un 13% se han recibido mediante Internet, en la página www.ararteko.net.

De las encuestas realizadas a quienes presentaron quejas, queda una impresión general de satisfacción (un 81%) hacia la gestión del Ararteko, incluso en los casos en que su petición no fue atendida. En este sentido, Agúndez recalcó la experiencia positiva que ha significado la creación de una figura similar, el Defensor del Vecino o síndico, en Vitoria.

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Petición fiscal al alcalde de Pasaia

No todas las instituciones facilitan el trabajo al Ararteko. El caso más extremo lo representa el alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alducín, de la ilegalizada Batasuna. El fiscal ha solicitado para él un año de suspensión de empleo o cargo público por negarse a atender los requerimientos de información de la institución.

El alcalde ha tomado esta actitud porque en los membretes de todos los documentos del Defensor del Pueblo vasco figura el lema ETA no. Alducín ha devuelto todos esos escritos mientras el Ararteko "no recupere la neutralidad".

Este problema se remonta al año 2001. Mertxe Agúndez, siguendo las previsiones legales, le envió hasta tres requerimientos para que contestara a sus peticiones. Ante su reiterada negativa, elevó el caso a la Fiscalía. El proceso siguió adelante en forma de denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián.

El fiscal pidió un año de suspensión para Alducín y éste la ha recurrido. Se espera una resolución judicial para el próximo mes de abril.

Ningún otro ayuntamiento, ni siquiera los demás gobernados por la formación independentista, ha mostrado esa actitud. Sin embargo, sí hay administraciones que figuran en la lista de morosos del Ararteko.

Encabeza la lista el director del gabinete del Departamento de Interior, Javier Portuondo, que tarda más que otras instituciones en contestar. En su caso se puede entender por la complejidad de algunos expedientes, pero el Defensor del Pueblo no deja de "denunciar el evidente trastorno que esta falta de colaboración ha supuesto". La consejería mostró ayer su "extrañeza" por estos reproches y subrayó sus "esfuerzos encaminados a una estrecha colaboración" con la ararteko.

A Interior le siguen varios alcaldes. La actitud "más grave" es la del socialista Segundo Calleja, de Sestao, así como el nacionalista José Luis Portillo, de Carranza. Al cerrar su informe anual, el Ararteko seguía sin recibir "muestras de querer colaborar con la institución". En la lista, aunque con faltas menores, figuran también los alcaldes de Balmaseda, Joseba Zorrilla, y de Elgoibar, Guillermo Garate, ambos del PNV.

Pese a todo, el Ararteko considera satisfactoria la respuesta general de las administraciones.