Los socialistas afirman que la privatización de Canal 9 vulnera cuatro leyes y usurpa funciones al consejo

Los consejeros de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) propuestos por el PSPV anunciaron ayer que son dos las vías judiciales por las que solicitan la nulidad de la privatización de Canal 9: la penal y la contenciosa. La primera está en relación directa con su ausencia el pasado lunes en la votación de los pliegos de condiciones en el seno del consejo, que atribuyen a que los vigilantes de seguridad privada impidieron su entrada en el despacho del director general del ente, José Vicente Villaescusa, tras la irrupción de un centenar de trabajadores de Canal 9 en la sala de reuniones. "Se nos impidió la entrada, lo que supone una usurpación de nuestras funciones, es un acto fascista", dijo Dolors López. A ello, el consejero por el PP Víctor Campos, contestó: "Es falso, los vigilantes de seguridad estaban allí para impedir la entrada de los violentos y facilitar la entrada de los consejeros y consejeras".

Por la vía contenciosa, el PSPV presentará en breve, según Miguel Mazón, un escrito que recoge supuestas ilegalidades en los pliegos de privatización (de informativos, programas y espacios publicitarios). Son cuatro leyes las incumplidas: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Terceros Canales, la de Creación de RTVV y la de Contratos de la Administración Pública. Mazón dijo que los pliegos se rigen por el derecho privado en algunos apartados esenciales, que "no está prevista dotación presupuestaria, y que "se establece la publicación sólo en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana, en uno o varios diarios locales y en uno o varios de ámbito nacional, pero no incluye ni el BOE ni el diario de las comunidades europeas" como exige la ley.