Aranjuez, condenado por la muerte de un preso en el calabozo

El Ayuntamiento de Aranjuez ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al pago de 84.610 euros por la muerte de una persona en el depósito de detenidos de la Policía Municipal el 9 de octubre de 1992. Ese día, un toxicómano de 40 años de edad, Juan Fernández Bustamante, murió asfixiado debido a un incendio que se produjo en la celda donde se encontraba detenido.

Cuando se produjo el suceso, la versión oficial hablaba de que Fernández había prendido fuego a un colchón y que por tanto se trataba de un suicidio. Pero la familia se mostró en desacuerdo con esa opinión y presentó una denuncia.

La inspección ocular efectuada en los calabozos de Aranjuez el 28 de octubre de 1992 por la juez Elena Bornaechea ratificó la denuncia presentada por el sindicato CESIP de la Policía Local un mes antes, que consideraba estos depósitos como mazmorras totalmente inhumanas. La denuncia fue presentada tras la muerte del detenido Fernández.

En el informe de inspección ocular del depósito de detenidos se decía, entre otras cosas, que en el vestíbulo había un extintor de incendios que no funcionaba y que la celda de mujeres se encontraba en un lamentable estado de suciedad y que carecía de inodoro y lavabo. En su lugar había un cubo de plástico.

Ahora, los tribunales condenan al Ayuntamiento. El actual alcalde, José María Cepeda, del PP, declaró ayer: "[Los tribunales] consideran que ese fallecimiento fue fruto de la mala organización, de la falta de vigilancia especial de los detenidos, cuyo trágico resultado fue la muerte de un preso, que se hace imputable a esa falta de vigilancia, que era responsabilidad del entonces alcalde, Eduardo García, hoy número tres en las listas del grupo socialista. Si se hubiera prestado bien ese servicio esto no habría sucedido".