Sobre nuestras cabezas

Bombarderos B-52 de Estados Unidos, cargados de bombas destinadas a Irak, sobrevuelan territorio español. Aunque tardíamente, y horas después de que la ministra de Exteriores, Ana Palacio, calificara de "bulo" la información publicada por este periódico, el ministro de Defensa, Federico Trillo, admitía en el Congreso que autorizó este sobrevuelo el pasado día 20 porque París lo había denegado. El Gobierno volvía así a corregirse a sí mismo, después de haber citado a Francia como ejemplo de país que no había denegado el sobrevuelo a los aviones norteamericanos. Trillo desmintió que hubieran repostado en vuelo en la vertical de ciudades como Bilbao, Pamplona y Barcelona, pese a que algunos testigos lo vieran desde tierra. El Gobierno debe proporcionar una información completa y fidedigna, que incluya las grabaciones de las conversaciones con los controladores aéreos. Con sus decisiones, el Ejecutivo de Aznar no sólo apoya una guerra ilegal, sino que pone en peligro poblaciones españolas, contraviniendo normas básicas de seguridad aérea que obliga a cumplir a sus propios aviones militares.

La guerra tendrá un final, ojalá que rápido, pero a un coste ya demasiado elevado. El Gobierno no ha explicado qué cobertura jurídica tendrán los efectivos españoles enviados el golfo Pérsico: la de un Consejo de Seguridad de la ONU que puede seguir bloqueado por la negativa francesa a legitimar a posteriori la guerra o la de las fuerzas de la potencia ocupante. Conviene ir sabiéndolo. Aunque la capacidad de anticipación de los dos ministros que comparecieron ayer conjuntamente en el Congreso parece limitada. La víspera, en unas declaraciones como mínimo chocantes cuando están muriendo tantas personas, la perspicaz pero balbuceante titular de Exteriores veía en la guerra "indicadores" positivos para los españoles: la baja "en unos céntimos" del precio de la gasolina y la subida de las bolsas, que por cierto volvieron a caer ayer en toda Europa ante las dificultades que están encontrando en su avance hacia Bagdad las fuerzas anglo-norteamericanas.

No aprenden del pasado. En la guerra de 1991 el Gobierno socialista se negó durante varios días a admitir el uso de bases españolas por otros B-52 con destino al Golfo. Este periódico lo criticó al tratarse de una guerra legal que contaba con la aprobación del Consejo de Seguridad, algo que no sucede ahora. Por lo demás, el Gobierno de Aznar da a entender que está obligado a autorizar el sobrevuelo de las aeronaves cuando el convenio bilateral le otorga la capacidad de decidir. Como recordó ayer el portavoz socialista, Manuel Marín, en 1986 Felipe González negó el sobrevuelo sobre España cuando Reagan decidió bombardear Libia. También se puede decir no, una palabra al parecer desconocida por Aznar en sus relaciones con Bush.